¿¡Que viene Llarena!?
¿Repaldará el sector progresista del CGPJ a las magistradas Ana Ferrer y Pilar Teso, respectivamente, para las presidencias de las Salas II y III del Tribunal Supremo, en la última votación pendiente?
Las magistradas Pilar Teso (Sala III) y Ana Ferrer (Sala II)
Los magistrados de la Sala III, Pablo Lucas, y de la III Andrés Martínez Arrieta
El sector progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha rechazado votar, como pedía la presidenta Isabel Perelló y la derecha, por los candidatos Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas para presidir la Sala Penal y la de Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo el pasado miércoles, día 7 de mayo, al votar por sus candidatas Ana Ferrer y Pilar Teso. (resultado : 10 a 10, con la presidenta, Isabel Perelló, promotora de esas candidaturas y quien forzó la votación, optando por votar en blanco)
En lo que llamamos el Estado Judicial Español (EJE) dos salas del Tribunal Supremo, la Sala Segunda (la que instruye los casos de aforados, como, ahora mismo, el ex ministro y diputado José Luis Ábalos, y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, para citar dos ejemplos), y la Sala Tercera (la que controla los actos del Gobierno) están con presidentes en funciones.
La negativa del anterior presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena, que permanece como magistrado, a seguir como presidente en funciones hasta la elección de su sucesor -un procedimiento habitual- ha dejado en funciones al magistrado más antiguo en el cargo.
Se trata de Andrés Martínez Arrieta.
Y en la Sala Tercera, el magistrado Pablo Lucas Murillo lleva casi tres años y medio como presidente en funciones, desde su nombramiento el 31 de diciembre de 2022.
Ni Martínez Arrieta (Logroño, 1955), ni Lucas Murillo (Salamanca, 1954), podrán cumplir el mandato de cinco años por el cual se eligen a los magistrados que ocupan las presidencias de las salas.
Martínez Arrieta cumplirá 72 años el 13 de abril de 2027, por lo que le quedan menos de dos años para acogerse a su jubilación; Lucas Murillo hará los 72 años el 13 de julio de 2026, es decir, le quedan un año y algo más de dos meses.
Por tanto, sería hora, tras la inestabilidad crítica de estos años en el Poder Judicial, aprovechar la oportunidad para respaldar la estabilidad mínima que supone cumplir con el mandato preceptivo de cinco años.
Además, existen circunstancias sobrevenidas que obligarían al Tribunal Supremo a adaptarse a los tiempos.
Nos referimos a la ley de paridad de 1 de agosto de 2024 que obliga a respetar la equidad de género en políticas, empresas y administradores.
Sería incomprensible que precisamente una ley que ha coincidido con la renovación de un CGPJ, que ha soportado una caducidad inaudita de casi seis años y medio (debía renovarse según la ley en diciembre de 2018), rechace aplicar en la elección para las presidencias de estas dos salas del Supremo esa nueva legislación.
Aunque el tema de la paridad fue planteado hace meses por los vocales del sector progresista (son 10), a lo que se opone el sector conservador (son 10), lo cierto es que esa reivindicación parece haberse desdibujado.
No para el sector progresista, cuyo programa mínimo es que una de las dos salas sea ocupada por una mujer.
Sus candidatas para la Sala Segunda y Tercera son las magistradas Ana Ferrer y Pilar Teso, respectivamente.
Ferrer (Madrid, 1959) es la primera mujer que se incorporó a la Sala Segunda del Tribunal Supremo enero de 2014, hace 13 años.
Teso (Madrid, 1960) entró en la Sala Tercera en 2008.
El sector progresista planteó en la negociación con el sector conservador nombrar a una de sus candidatas para cualquiera de las dos salas.
No plantea preferencia por alguna de las dos.
Pero la derecha judicial no quiere ver ni en pintura a Ana Ferrer. Ya bloqueó su nombramiento cuando fue candidata a presidir el CGPJ en junio de 2024. Y su veto a ella se ha trasladado a que presida la Sala Segunda.
En el Supremo se ha instalado, de hecho, una palanca de ascenso o retroceso muy particular, y es, valga la redundancia, la palanca del voto particular, o discrepante.
Y ahora mismo, Ferrer es objeto de una campaña contra su personalidad por haber presentado un voto particular contra el criterio de sus pares del tribunal del procés de rechazar aplicarle la ley de amnistía a los dirigentes independentistas que fueron condenados por el delito de malversación.
“Queríamos tanto a Ana” se dice en ciertos círculos.
Y la presidenta del Supremo y del CGPJ, Perelló, que exhibe tener amistad con Ferrer, ahora, para justificar la necesidad de votar por Martínez Arrieta precisamente se ha escudado en esa campaña: “Es que no la quieren en la Sala Segunda”.
Y en lo que se refiere a Teso, la presidenta Perelló, que procede de la Sala Tercera, sostiene no sin una pizca de humor negro, que deberían pasar por encima de su cadáver para nombrarla.
Pues entonces ¿dónde estamos?
Perelló apostó, sin éxito, por impulsar este pasado miércoles 7 de mayo lo que se ha presentado ante el sector progresista como la elección del mal menor, es decir, el tándem Martínez Arrieta-Lucas.
¿Por qué mal menor?
Porque la derecha, que integran siete u ocho vocales afiliados a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), -razón por la que siempre es pertinente preguntarse quién manda más entre sus filas, si el Partido Popular o la APM- de mantenerse el bloqueo en la nueva y última votación pendiente -sin fecha todavía- para cumplir el requisito de que decaiga el concurso- podría optar por presentar otros candidatos en un nuevo concurso.
Uno de ellos podría ser el magistrado Pablo Llarena, expresidente de la APM, un purasangre de los suyos.
Llarena es presentado como el lobo que viene.
No cuenta con los 13 votos necesarios y, además, parte con desventaja. Porque su esposa, la magistrada Gema Espinosa, ex directora de la Escuela Judicial, es vocal del CGPJ; por tanto, se abstendría y su marido no contaría con diez votos de partida, sino con nueve.
Llarena necesitaría cuatro votos progresistas. Es cierto que en junio de 2024, la derecha logró introducir una brecha entre los progresistas y sacar adelante la candidatura de Perelló. Pero una reedición de aquella operación ahora con Llarena no parece viable.
El sector progresista debe, pues, evaluar si prefiere seguir como hasta ahora, con los presidentes en funciones Martínez Arrieta y Lucas Murillo.
Unas presidencias bajo las cuales ambos no ejercen a plenitud.
Ya hemos señalado que Martínez Arrieta no ha llegado a ocupar el despacho que dejó Marchena, ahora vacío, lo que refleja simbólicamente que no es un presidente que aplica su programa, aunque sea para dos años.
Esta opción supondría que el sector progresista mantiene sus dos candidatas y en los futuros concursos que podrían convocarse después de mantenerse el bloqueo en la nueva votación -cuando se celebre- cerrar filas para frustrar cualquier operación Perelló.
Otra posibilidad sería apoyar a Martínez Arrieta y a Lucas asumiendo que sus candidatas no podrán ganar ahora.
En ese cálculo se trasladaría la batalla en la Sala Tercera a abril 2026 con la candidatura de Teso y en la Sala Segunda a julio de 2027 con la de Ferrer.
La comisión de calificación del CGPJ a la que se ha devuelto las cuatro candidaturas devolverá las mismas al Pleno en un plazo máximo de seis meses ya que se trata del mismo concurso. Y se volverán a someter a votación. Se ha abierto, pues, un paréntesis de maniobras y negociaciones.
Información publicadas en El Periódico de Catalunya