¡Nombre ya a los dos magistrados del Tribunal Constitucional!
Carta abierta al Presidente del Gobierno
Presidente del Gobierno,
Me permitirá usted, habida cuenta del conocimiento que nos profesamos, decirle que su estrella está amenazada por una de las más vergonzosas e imborrables manchas. Puesto que se está obrando tan sin razón y de una forma tan impúdica, hablaré. Solo deseo que la luz se haga, a tenor de la información que voy a examinar. Esa mancha tan vergonzosa como imborrable es el incumplimiento a sabiendas de la Constitución. No dudo que es usted consciente de ello porque nadie lo ha podido decir con mayor claridad. Fue el pasado 19 de octubre cuando usted declaró: “La Constitución española se debe cumplir de pe a pa, del primero al último de los capítulos todos los días del año se esté en el Gobierno o en la oposición”.
El próximo 4 de diciembre se cumplirán nueve años desde que el actual órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), fue constituido por un periodo de cinco años, según establecen el artículo 122.3 sede la Constitución y el 568.1 de la ley Orgánica del Poder Judicial, y ya prácticamente, a falta de un año, duplica ese mandato constitucional.
Y el próximo 12 de diciembre se van a cumplir seis meses desde que cuatro magistrados del Tribunal Constitucional -dos por el Gobierno de Mariano Rajoy y dos por el anterior CGPJ- cumplieron su periodo de nueve años desde su nombramiento en 2013.
El Gobierno y el Partido Popular de Pablo Casado acordaron en febrero de 2021 renovar el consejo de RTVE y en octubre de aquel año hacer lo mismo con el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y el cuatro plazas del TC. Casado se reservó el veto a la renovación del CGPJ, que ya llevaba caducado tres años.
En efecto, Casado prestó su último respaldo a la renovación del CGPJ en noviembre de 2018, a punto de vencer el mandato de cinco años, al obtener del PSOE el acuerdo de nombrar presidente del Tribunal Supremo y CGPJ -ambas instituciones son dirigidas por la misma persona- al entonces presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena. Entonces no existía ninguna objeción del PP al sistema de elección.
El nombre se filtró, la bancada del PP, reticente a pactar con Sánchez, fue informada de que ese pacto era altamente rentable ya que permitiría a través de Marchena “controlar la Sala Segunda desde detrás” vía la presidencia del citado magistrado en el Supremo y CGPJ. Además del control de la Sala Penal, competente para enjuiciar a diputados, senadores y miembros del Gobierno “ha sido una jugada estupenda porque nos jugábamos las renovaciones futuras de 2/3 del Tribunal Supremo y centenares de nombramientos en el poder judicial, vitales para el PP y para el futuro de España”, escribió Ignacio Cosidó, el entonces portavoz del PP en el Senado a sus conmilitones. Tal striptease supuso el suicidio del pacto.
Lo que importaba, por tanto, no era el sistema de elección de los vocales del CGPJ -el sistema implantado por Alberto Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia del gobierno de Mariano Rajoy- sino los nombramientos de magistrados “vitales para el PP”.
A partir de dicho fiasco, Casado se reservó el CGPJ, con el apoyo de los vocales conservadores, para sus maniobras, con el pretexto de modificar el sistema de elección.
El 12 de abril de 2022, señor presidente, hablé por teléfono Esteban González Pons con el flamante responsable de las negociaciones que había relevado a Enrique López. Estaba en Bruselas. Me aseguró que el nuevo presidente del PP, Alberto Nuñez Feijóo no iba a dilatar la renovación del CGPJ y que las elecciones autonómicas andaluzas, a punto de ser convocadas, no iban a ser un obstáculo para ello.
Pero los contactos entre González Pons y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, pronto pondrían en evidencia que la renovación se "dilataría", esta vez en nombre de las autonómicas andaluzas, cuya celebración fue anunciada el 25 de abril.
Se aproximaba, señor presidente, el 12 de junio de 2022. ¿Qué relevancia tenía esta fecha? Pues la siguiente: cuatro plazas vencían en el Tribunal Constitucional.
Rajoy había nombrado el 12 de junio de 2013 por nueve años a los magistrados Enrique López y Pedro Gonzalez-Trevijano.
López tuvo que dimitir un año más tarde, tras ser pillado por la Policía en moto, sin casco, al saltarse un semáforo en rojo cuadruplicando la tasa de alcoholemia en el madrileño paseo de la Castellana, y Rajoy nombró en su lugar al teniente fiscal del Supremo Antonio Narváez en 2014.
Pero junto a esos dos magistrados a sustituir, otros dos mandatos vencían en la misma fecha. Le correspondía al caducado CGPJ designar a sus sustitutos.
El Gobierno había prohibido, recordará usted, en la ley orgánica de 2021, hacer nombramientos al CGPJ en funciones.
Y aunque el Gobierno podía nombrar a los dos magistrados que le tocaba en el TC, prefirió, ya que el CGPJ tenía prohibido hacerlos, modificar la norma legal y autorizar a realizarlos, habida cuenta de que el nombramiento de los magistrados del TC es un mandato de la Constitución, que se encuentra por encima de la ley orgánica que en 2021 había prohibido todo tipo de nombramientos al TC.
Por tanto, según la nueva norma de 27 de julio de 2022 los cuatro nombramientos debían estar listos el 13 de septiembre.
Ya antes del verano y en el mes de septiembre, debería usted recordarlo, el presidente saliente del TC, González-Trevijano, y también el presidente del Supremo y CGPJ, Carlos Lesmes, hicieron llegar mensajes a La Moncloa. No se aceptará el nombramiento de los dos magistrados por parte del Gobierno si al mismo tiempo no van acompañados de los dos que debe designar el CGPJ. No se les dará posesión.
La ministra de Justicia, Pilar Llop, recibió idéntico mensaje de ambos.
Esta barricada se erigía mientras la derecha mediática y judicial defendía como un loro su legalidad. ¿Acaso tenía alguna base? Cero.
El testigo de que a sabiendas estaban trampeando era el propio González-Trevijano. ¿Por qué? Fue él quien firmó junto con todos los demás magistrados una sentencia por unanimidad en 2016, con ponencia del magistrado progresista Fernando Valdés Dal Ré en la que se establecía, precisamente contra un recurso del PSOE, que podía haber una renovación parcial, en este caso del CGPJ, si una de las cámaras del Parlamento hacía su elección y la otra no estaba en condiciones de cumplir con la suya.
Y aunque la renovación en integridad del CGPJ era una opción legítima del legislador orgánico, señalaba, era menester prever otro escenario.
“Pero las previsiones normativas no garantizan, con su solo enunciado vinculante, la efectividad plena de lo dispuesto en ellas, de modo que ninguna objeción constitucional cabe oponer a que el legislador disponga prevenciones subsidiarias para la hipótesis de que, debiendo concurrir ambas Cámaras, por separado, a la designación de los vocales cuya propuesta les corresponde, tan sólo una de ellas, por los motivos que sean, esté en condiciones de cumplir su cometido”, apunta la sentencia.
Y he aquí el párrafo, que usted debe tener presente. “La propuesta o designación de que tratamos es, para cada una de las Cámaras, un genuino poder-deber. Una potestad, sin duda, pero también, al tiempo, un deber ex Constitutione, [desde la Constitución] con términos trasladables aquí respecto de previsiones legales relativas a la renovación de este mismo Tribunal Constitucional”.
Es decir: vale también para el caso de que se produzca una situación análoga en el TC.
Que la renovación de los cuatro magistrados cuyo mandato había caducado 12 de junio es, en términos de la sentencia, un “poder deber” según marca la Constitución.
Y no lo que le venga en gana a los vocales del CGPJ o al PP.
Y al escribir esto no puedo dejar de transcribirle, señor presidente, lo que me ha escrito una vocal del CGPJ cuyo nombre por prudencia me reservo.
“Los tiempos los marcan los vocales conservadores. La mayoría sigue siendo suya- Desde dentro nadie está dispuesto a algo más que seguir “negociando” (o como yo lo veo, proporcionando coartadas y tiempo a la derecha). El impulso ha de venir de fuera”.
Primero, según la derecha, ningún magistrado del Supremo manifestaba interés en ir al TC.
El 7 de septiembre, se elaboró un “reglamento” para hacer esos dos nombramientos en un Pleno extraordinario que debía nombrará los dos magistrados/magistradas. La dimisión de Carlos Lesmes eliminó la presión sobre el sector conservador para hacerlos.
Y ya bajo el mando de un ideólogo, José María Macías -y socio del bufete Cuatrecasas- continuaron las excusas.
El sector progresista propuso cinco nombres de su sector e incluso alguno conservador.
Pero el sector conservador, que no proponía a nadie, exigió que solo se propusiera un nombre.
El sector progresista eligió al magistrado de laSala Tercera José Manuel Bandrés.
. Y los conservadores y su artillería mediática comenzaron a atacar al elegido, y expresaron su preferencia por “otro progresista” en la persona del magistrado Pablo Lucas.
Es decir: la técnica de Lesmes.
Yo elijo a “mi conservador” y también a “mi progresista”.
Pero al impugnar el vocal conservador y magistrado de la Sala Tercera del Supremo, Wenceslao Olea, mano derecha de Lesmes, el nombramiento de Rafael Mozo presidente en funciones del CGPJ -tras la renuncia de Lesmes- y pedir una medida cautelarísima superurgente y otra cautelar urgente para anular dicha designación, el grupo conservador encontró otra añagaza.
A saber: hasta que no se resuelva la medida cautelar no se puede nombrar los dos magistrados porque podrían quedar invalidados.
La cautelarísima fue rechazada el 18 de octubre por la sección sexta (Sala Tercera) y la cautelar también este miércoles 23 de noviembre.
¿Acaso la asociación de jueces y juezas Francisco de Vitoria no impugnó el nombramiento de Lesmes en 2013?
Y no por ello se suspendieron los nombramientos. Fue desestimada en 2014 por el Supremo.
El problema de fondo: el PP y el sector conservador no quieren hacer los nombramientos porque perderán la mayoría del TC a favor del sector progresista y resisten desde su trinchera de Génova y del CGPJ la próxima e inevitable presidencia progresista del tribunal de garantías.
Este miércoles 23, el orden del día del Pleno ordinario del CGPJ del jueves 24 ha sido modificado a última hora para introducir un punto en el que los negociadores darán cuenta al Pleno ordinario de hoy jueves 24 va a "dar cuenta" que los contactos no han fructificado para hacee los dichosos nombramientos. O sea: mal. El sector conservador ahora sostiene que hay que modificar el reglamento del 7 de septiembre y debe ponerse bajo la lupa a los respectivos candidatos. Una excusa más.
Señor presidente, tiene que cumplir de pe a pa la Constitución. Esas fueron sus palabras, reitero, el pasado 29 de octubre en Sevilla.
Ya no puede seguir usted también incumpliendo, al menos desde el 13 de septiembre de 2022, dejándose arrastrar por Génova.
Abra el camino en medio de la “niebla de guerra” (así llamo a la reforma del delito de sedición y a lo que considero una nota a pie de página o la tormenta fabricada en torno al comienzo de la aplicación de la ley del “solo sí es sí”) y nombre ya a los dos candidatos/candidatas al TC en el Consejo de Ministros. Como Rajoy en 2013 y en 2014.
Hace meses que usted parece “disponerse” a hacer los nombramientos.
Ya no se disponga más señor presidente.
Hágalos.
Cinco años celebrando el 6 de diciembre el día de la Constitución violándola por parte del PP ya es suficiente. La mejor celebración el próximo 6 de diciembre es contar con los nombramientos del Gobierno.
Y es la hora, en todo caso, de que eso -incumplir aviesamente y a sabiendas la Constitución y la ley Orgánica del Poder Judicial -al menos sea llamado por su nombre: un delito contra la Constitución.
Porque, piense señor presidente, si uno quiere querellarse contra el retraso deliberado de la renovación del CGPJ y del TC ahora no puede hacerlo. Es la impunidad de los bloqueadores y la indefensión de los bloqueados.
Atentamente.
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