Los cinco magistrados que abrieron causa contra el fiscal general le enjuiciarán si Hurtado cumple su plan
Manuel Marchena presidirá el tribunal de enjuiciamiento, junto Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Susana Polo y Carmen Lamela. A ellos se unirán otros dos magistrados para completar siete.
La investigación que se sigue contra el fiscal General del Estado, Álvaro García Ortíz, es una causa mutante.
Según aclaró este miércoles 29 de enero el juez instructor del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, el objeto de la investigación ya no es solo la filtración del correo del 2 de febrero de 2024 en el cual Carlos Neira, abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, reconocía haber defraudado a Hacienda a través de dos delitos fiscales. También se indaga la filtración de una noticia periodística del 12 de marzo de 2024 en la que se daba cuenta de la denuncia de la Fiscalía de Madrid contra González Amador y la nota informativa del 14 de marzo por la cual se desmentían informaciones falsas difundidas por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Díaz Ayuso.
Hurtado explicó el alcance de la investigación a preguntas del abogado del Estado que defiende al FGE.
¿Por qué es mutante?
Porque ya la Sala de Admisión (Sala Segunda del Supremo) de la exposición razonada del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), cursada en julio pasado, modificó el objeto de la investigación.
El TSJM consideró que existía un posible de delito de revelación de secreto en la nota informativa del 14 de marzo.
Pero la Sala de Admisión que decidió abrir diligencias contra el FGE consideró que “aparentemente no hay información indebidamente revelada ante el conocimiento público de los hechos, pero de la instrucción de la causa practicada en el TSJM y en concreto de la declaración del fiscal de Delitos Económicos que llevaba el asunto [Julián Salto] se desprende que horas antes de la nota de prensa entre el fiscal y el letrado de [Alberto González Amador [Carlos Neira] fueron revelados…”
Es decir, la investigación se asumía en el Supremo para investigar esa posible revelación de secreto en los correos (delito del artículo 417 del Código Penal).
Durante la declaración de este miércoles 29, al resumir el objeto de la causa, el juez Hurtado se remitió también a su auto del 13 de enero en el que citaba al fiscal general a prestar declaración, entre otras diligencias.
Allí el juez habla de una “dinámica delictiva que tuvo por objeto divulgar, por medio de lo que se conoce como filtraciones, en este caso, a través de medios de comunicación, información concerniente a la identidad de una persona, que debería haber sido objeto de reserva, pero obtuvo una publicidad que no debiera haber alcanzado por razones de confidencialidad, de ahí la presumible perpetración del delito de revelación de secretos del que se viene hablando en las presentes actuaciones”.
Por tanto, parece que el perímetro supera claramente lo establecido por la Sala de Admisión de la Sala Segunda ya apuntado, del 15 de octubre de 2024.
El juez ya ha imputado al teniente fiscal de la secretaría técnica de la FGE, Diego Villafañe, de quien sospecha que filtró la primera noticia, publicada por eldiario.es, en la cual se informaba de que la Fiscalía de Madrid había presentado una denuncia contra González Amador.
Lo que llama la atención es que el juez Hurtado excluye del perímetro apuntado a la “otra parte”.
Es decir: a aquellos -Carlos Neira, Alberto González Amador, Isabel Díaz Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez-, quienes al ver la noticia en el periódico digital se movilizaron para vulnerar la reserva y filtraron el martes 13 de marzo de 2024 un correo del fiscal Julián Salto a Neira en el que le señalaba al abogado que era posible llegar negociar su propuesta de firmar un pacto de conformidad para evitar el juicio y las penas de cárcel.
Esa fue la respuesta a la noticia periodística, una utilización -y tergiversación- del correo reservado para defender la reputación de Díaz Ayuso.
La Sala de Admisión que abrió las diligencias no mencionó la “dinámica delictiva”. Tampoco se refería a investigar la noticia periodística del 12 de marzo. Pero es lo que está haciendo el instructor. Y ya la Unidad Operativa de la Guardia Civil (UCO) señaló en un informe que tanto en la filtración de esa noticia como en el correo del 2 de febrero de 2024 el papel de la Fiscalía General del Estado era “preeminente”.
Fuentes judiciales sostienen que para Hurtado la noticia que dio cuenta de que la Fiscalía había denunciado a González Amador por delitos fiscales y la filtración del correo del 2 de febrero de 2024 son el núcleo -la “dinámica delictiva”- de la causa contra los fiscales.
El FGE Álvaro García Ortiz ha negado rotundamente este miércoles 29 haber filtrado o participado en la filtración tanto de la noticia periodística del 12 de marzo como del correo del 2 de febrero de 2024.
Según explicó, decidió que no contestaría a preguntas de Hurtado por considerar que el juez ya tenía una decisión adoptada y que partía de una certeza que le impide descubrir la verdad.
Tampoco la teniente fiscal, María Ángeles Geli Sánchez Conde, formuló preguntas ya que comparte con el FGE el carácter sesgado de la instrucción.
García Ortíz solo contestó a preguntas del abogado del Estado, que ejerce su defensa.
Las fuentes judiciales consultadas señalan que hasta este martes 28, la Sala de Apelaciones, que debe revisar la actuación del juez instructor, no había recibido los recursos de apelación del FGE .
Hurtado ha elevado esos recursos después de pedir a las partes que informen sobre los mismos.
Problema: Hurtado ha tenido barra libre hasta este martes 28. Los magistrados de la Sala de la Apelaciones -integrada por Andrés Martínez Arrieta, Julián Sánchez Melgar y Eduardo Porres-, en efecto, no se han pronunciado sobre el auto de incoación de diligencias y la entrada y registro en la FGE y en la Fiscalía Provincial de Madrid, dos de las decisiones más relevantes del juez.
Si, como parece, el juez instructor se apresta a elaborar el auto de procesamiento, concluir las diligencias y abrir el juicio oral, vale la pena saber quien integrará el tribunal de enjuiciamiento con el funcionamiento vigente en la Sala Segunda del Supremo.
Ese tribunal, si García Ortíz es enjuiciado, estará formada por los magistrados de la Sala de Admisión más otros dos para formar un tribunal de siete, que es el número que se requiere para casos de gran relevancia. Como lo será si García Ortíz es sentado en el banquillo.
Por tanto, ya sabemos que Manuel Marchena presidirá el tribunal de enjuiciamiento, junto con los magistrados, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Susana Polo y Carmen Lamela.
A ellos se unirán otros dos que deberían ser magistrados que no tomaron parte en la admisión de la exposición razonada del TSJM ni en la Sala de Apelaciones.
Por tanto, estos dos podrían ser salir de una lista formada por Ana Ferrer, Andrés Palomo, Pablo Llarena, Vicente Magro, Leopoldo Puente y Javier Hernández.
Por razones como estas -que como se hace habitualmente los magistrados que admiten una querella serán más tarde miembros del tribunal de enjuiciamiento, es urgente una reforma del sistema de organización de la Sala Segunda, como ha propugnado la magistrada Ana Ferrer, al presentar su candidatura en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Para que los magistrados que admiten las querellas, o en este caso la exposición razonada del TSJM, contra aforados no sean los que llegado el juicio oral los mismos que les enjuicien.
¡Elemental, querido Watson!
Artículo publicado en El Periódico de Catalunya