La sección que anuló el ascenso de Delgado a fiscal de sala la apartará de la fiscalía de Memoria Democrática
La Sala Tercera del Tribunal Supremo considera que su nombramiento en la fiscalía togada militar en 2022 es invalido por “desviación de poder” del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz.
“No hay plazo que no llegue ni deuda que no se pague”, dice el refrán.
El plazo para resolver el recurso contra el primer concurso contra el nombramiento en 2022 de Dolores Delgado como fiscal togada militar, que suponía al tiempo su ascenso a la categoría más alta de la carrera -fiscal de sala del Tribunal Supremo- llegó, y este martes, día 21, la sección cuarta de la Sala Tercera (Contencioso-Administrativo) del Supremo declaró nula dicha designación, lo que la ha privado de la categoría de fiscal de sala; el segundo plazo llegará en diciembre o enero, cuando idéntica sección resolverá tres recursos contra su nombramiento como fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática, noticia que anticipó El Periódico de Catalunya y que se concretó el 13 de junio de 2023.
Este martes 21, precisamente, la sección cuarta de la Sala Tercera notificó a los recurrentes (son tres) del segundo concurso -contra su nombramiento como fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática- que el próximo 5 de diciembre vence el periodo para presentar pruebas.
Fuentes judiciales señalan que a la luz de la decisión de la sección cuarta conocida el martes pasado, los mismos magistrados procederán a dejar sin efecto el nombramiento de Delgado como fiscal de Memoria Democrática.
¿Por qué?
No es nada intrincado.
El fiscal general del Estado, Álvaro Ortiz, nombrado en julio de 2022 por el Gobierno de Pedro Sánchez a propuesta de Dolores Delgado, que renunció por razones de salud, la designó fiscal togada militar -fueron treinta los aspirantes- en 2022.
De ese modo, se mataba dos pájaros de un tiro: al asumir la fiscalía togada militar Delgado ascendía automáticamente a fiscal de sala.
Desde esa atalaya la nueva fiscal de sala esperaría los meses necesarios para poder hacerse -con la categoría exigida en la mano- el mando de la fiscalía de Memoria Democrática. Que era su objetivo.,
Es que ella misma, en calidad de ministra de Justicia, había propuesto la creación de dicha fiscalía, dentro del Supremo, en la ley de Memoria Histórica, cuyo impulso dio desde el Gobierno.
¿Por qué ha anulado la sección cuarta de la Sala Tercera. -en sentencia de este martes 21 de noviembre- el nombramiento de fiscal de sala togada militar? Porque lo considera una “desviación de poder” del fiscal general Álvaro Ortiz.
Es que la sección se basa en las propias explicaciones de García: la grabación de su explicación al Consejo Fiscal -su órgano asesor- sobre el nombramiento.
García Ortíz admite que los dos intentos legislativos de la entonces ministra de Justicia y después fiscal General del Estado para que cuando un fiscal general del Estado cesa en su puesto adquiera automáticamente la categoría de fiscal de sala fracasaron.
“Decimos `efectivamente, el legislador no lo ha previsto, luego a mí no me vincula´ [pero] a mí sí me vincula porque si lo puedo solucionar y me parece [in] justo que el legislador no lo haya solucionado, yo, que soy fiscal general del Estado, lo voy a solucionar. Porque lo tengo en mi mano, y como lo tengo en mi mano, sin ningún problema moral; al revés, con orgullo de fiscal… Yo soy el fiscal general del Estado y lo tengo muy claro: esta cuestión la tengo que resolver…”.
García también explica al Consejo Fiscal que en el “momento de la toma de posesión [5 de septiembre de 2022] alguien me preguntó `¿cuándo vas a hacer fiscal [de sala a Dolores Delgado]´. Y diré: èn la primera oportunidad que tenga, sin ningún tipo de dudas. En la primera oportunidad”.
García enfatizó que el hecho de que la ley no contemple el ascenso automático del fiscal General del Estado que deja su función a fiscal de sala, ha sido “un gran error estratégico de quien quiso hacer la ley, y ya está”, no impide tomar la decisión.
“Pero no porque no exista [la ley], seguro que no podemos hacerlo aquí”.
En román paladino: García Ortíz quería hacer algo “justo” a pesar de la ley vigente.
Los magistrados se plantean si existía o no el deber de abstención de Álvaro García, según exige el recurrente, el fiscal Luis Rueda, uno de los veintinueve que perdió la plaza ante Delgado
“Es precisamente en este último punto donde adquieren sentido los reproches de arbitrariedad y de desviación de poder: la pregunta es si, habida cuenta de todas las circunstancias del caso, el hecho de que el fiscal General del Estado no se abstuviera a la hora de hacer la propuesta al Consejo de Ministros implica que esta sea arbitraria o resultado de un ejercicio desviado de la correspondiente potestad”.
La sección de cinco magistrados señala en una sentencia adoptada por unanimidad: “Pues bien, esta sala considera que la desviación de poder es visible e innegable en el presente caso. La finalidad declarada del fiscal General del Estado fue reparar lo que él reputaba una laguna en la ley: que quien sin tener la más alta categoría en la Carrera Fiscal es nombrado fiscal General del Estado no sea automáticamente promovido, al cesar en el cargo, a la categoría de Fiscal de Sala. Y lograr este objetivo era, en sus propias palabras, una prioridad. Además, no cabe subestimar toda la secuencia: iniciativa de convocatoria de la plaza por la propia codemandada [Dolores Delgado] cuando aún era fiscal General del Estado, dimisión poco después de dicho cargo por razones de salud, convocatoria de la plaza y presentación de solicitud por la señora Delgado, propuesta a favor de ella por quien fue su estrecho colaborador y en ese momento ya su sucesor y todo ello, por si fuera poco, de manera rápida y prácticamente sin solución de continuidad”.
El pez muere por la boca
A Álvaro García Ortíz, pues, le pasa lo que al pez, que por la boca muere. Fuentes judiciales han señalado a El Periódico de Catalunya que las campanas por García, cuya continuidad al frente de la fiscalía general del Estado ya estaba en duda con anterioridad, ahora doblan, que diría el poeta John Donne (Londres, 1572-1631), con más fuerza.
La misma sección, la cuarta, tendrá ocasión de resolver la situación inédita creada: una fiscal de Memoria Democrática que ha perdido su condición de fiscal de sala.
Una característica que el fiscal general del Estado Álvaro García Ortíz había destacado ante el Consejo Fiscal, cuando la nombró, en junio de 2023: fiscal de sala.
Porque, según se ha apuntado, debe resolver tres recursos contra el nombramiento de Delgado para esa fiscalía. En los mismos se plantea precisamente la relación especial García Ortíz con Delgado, una relación que ha servido para anular el primer nombramiento por desviación de poder.
Las partes, según han señalado a este diario, presentarán la sentencia con fecha de ayer entre sus pruebas, cuyo plazo, según se ha señalado, vence el 5 de diciembre.
Con esa prueba Dolores Delgado se ve abocada a perder la fiscalía de Memoria Democrática por las mismas razones utilizadas en la primera anulación.
En realidad, como se trata de la misma sección, los magistrados ya se lo saben y por tanto, según las fuentes consultadas, admitir los recursos y declarar nulo el nombramiento de Delgado como fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática.
Álvaro García Ortiz y Dolores Delgado pactaron, antes de dejar ella la fiscalía general del Estado por razones de salud, lo que se podría denominar “más vale pájaro en mano que ciento volando”. A saber: en lugar de volver a la Audiencia Nacional como fiscal de a pie, desde donde salió rumbo al Ministerio de Justicia en 2018, podía concursar para lograr la fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática. Pero como esta iba a tardar en crearse inmediatamente podía hacerse con la fiscalía togada militar del Supremo. Por esa vía, adquiría la categoría de fiscal de sala y esperar a la creación de la fiscalía de Memoria Democrática.
Estrictamente no se exigía el requisito de fiscal de sala para la fiscalía de Memoria Democrática. La orden que convoca la plaza se publicó el 18 de mayo de 2023 en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y señalaba que “podrán participar en el concurso los miembros del Ministerio Fiscal pertenecientes a la mencionada categoría [primera] y aquellos fiscales de la segunda que cuenten, al menos, con 20 años de servicio en la carrera fiscal”.
Pero claro concursar con la categoría de fiscal (primera categoría) ya adquirida, aunque fuera nueve meses antes, era un dato a favor de Delgado, que, según se ha señalado, García Ortíz destacó en el Consejo Fiscal, aunque todos sus miembros supieran que había sido él quien se la había concedida al darle la fiscalía togada militar.
Todo el proceso, según la sentencia del pasado martes 21, deberá retrotraerse a antes del nombramiento del fiscal togado militar por parte del consejo de ministros, es decir, a septiembre de 2022.
Queda por despejar si será Álvaro García quien tendrá la ocasión de repetir la jugada o quedará en manos de un nuevo fiscal general del Estado. El flamante ministro de Justicia, Félix Bolaños, tendrá que considerar la situación.