La Sala Tercera del Supremo avanza en la demanda que pide anular el nombramiento de Álvaro García como fiscal general
La Sala Tercera del Supremo avanza en la demanda que pide anular el nombramiento de Álvaro García como fiscal general
La sección cuarta, "especializada" en anular nombramientos del Gobierno, da hasta el 11 de noviembre para elevar conclusiones en una demanda que tramita desde febrero. La `pinza´ Sala II y Sala III.
Nueve días después de que la Sala Segunda (Sala Penal) del Tribunal Supremo decidiera, el pasado 16 de octubre, abrir diligencias para investigar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secreto la sección cuarta de la Sala Tercera (de lo Contencioso-Administrativo) dictó, el pasado 25 de octubre, una providencia en la demanda de impugnación de nombramiento del fiscal general del Estado, según la cual las partes (demandante, demandado y abogacía del Estado) tienen hasta el próximo 11 de noviembre para presentar sus conclusiones.
La demanda, que pide anular el nombramiento de García Ortiz, fue presentada por la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) el pasado mes de febrero.
Según la providencia de la sección cuarta, se declara concluso el periodo de prueba y se concede un plazo de diez días para presentar sus conclusiones, según el artículo 64 de la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa (“Cuando se acuerde el trámite de conclusiones, las partes presentarán unas alegaciones sucintas acerca de los hechos, la prueba practicada y los fundamentos jurídicos en que apoyen sus pretensiones”).
Ese plazo vence el 11 de noviembre. En ese momento se deberá fijar fecha para deliberar y votar.
La sección está formada por el actual presidente en funciones de toda la Sala Tercera, Pablo Lucas (presidente de la sección) y los magistrados Pilar Teso, Antonio Jesús Fonseca-Herrero Raimundo y José Luis Requero.
Esta sección, aunque no con idéntica composición, ya ha anulado una serie de nombramientos del Gobierno y de la Fiscalía General del Estado.
En abril de 2022 anuló el nombramiento del fiscal Eduardo Esteban como fiscal de sala de Menores a propuesta de la entonces fiscal general Dolores Delgado, en respuesta a una demanda de la Asociación de Fiscales (conservadora) y de un fiscal.
Delgado insistió en su decisión y le repuso en su puesto apenas unas semanas más tarde, estimando que su curriculum era adecuado para la promoción.
La sección cuarta volvió a anular el nombramiento, en una decisión sin precedentes (dos anulaciones sucesivas).
La sección cuarta anuló también, en noviembre de 2023, un nombramiento del gobierno: nada menos que la designación de la presidenta del Consejo de Estado, la exministra de Trabajo Magdalena Valerio.
En esas fechas, también dejó sin efecto el ascenso de Dolores Delgado (tras dimitir como fiscal general) a fiscal de sala (máxima categoría de la carrera) al ser designada como fiscal de la Sala Quinta (militar).
Y, más tarde, en mayo de 2024, dejó sin efecto el de la misma Delgado como fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática.
Y, nuevamente, la sección cuarta anuló, en julio de 2024, la ejecución de la sentencia de la sección cuarta que en noviembre de 2023 había, según se ha apuntado, dejado sin efecto el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal togada militar, con el argumento de que el fiscal general del Estado había incumplido los términos de la sentencia.
En apoyo de su demanda, la APIF esgrimió el argumento de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) consideró, en noviembre de 2023, que cuando tuvo lugar el nuevo nombramiento de García Ortiz -tras la formación del gobierno de Pedro Sánchez después de las elecciones de julio de 2023- no reunía los requisitos de idoneidad para ejercer el cargo de fiscal general del Estado, una decisión de 8 vocales conservadores contra 7 progresistas.
Con anterioridad, el mismo CGPJ había avalado, en junio de 2022, la idoneidad de García Ortiz para el cargo, según el acuerdo adoptado por mayoría, a propuesta del presidente, Carlos Lesmes.
Los magistrados de la sala cuarta ya han señalado, sobre todo en su decisión de anular el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de sala del Supremo cómo ven a Álvaro García Ortiz.
“Es precisamente en este último punto [la decisión del fiscal general del Estado de no abstenerse en la votación sobre Dolores Delgado] donde adquieren sentido los reproches de arbitrariedad y de desviación de poder…Pues bien, esta Sala considera, con base en la apreciación de los hechos arriba expuesta, que la desviación de poder es visible e innegable en el presente caso”.
El fiscal general del Estado recusó a los magistrados que firmaron esa sentencia en mayo de 2024 (Lucas, Fonseca, Requero y Luis Díez Picazo), una recusación que la Sala del 61 del Supremo (los cinco presidentes de Sala del Supremo y los magistrados más antiguo y más nuevo de cada una de ellas) desestimaron.
Vasos comunicantes
La decisión de investigar a García Ortiz en la Sala Penal del Supremo ha abierto otro flanco en esta batalla. Ahora son dos salas, la segunda y la tercera, las que tienen a García Ortíz en su punto de mira.
El instructor de la causa en la Sala Segunda, Ángel Hurtado, decidió enviar el pasado miércoles 30 de octubre, a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en calidad de policía judicial, a la fiscalía general del Estado para clonar los dispositivos de García Ortiz (ordenador, tablet y teléfonos móviles), sabiendo que ese día 30 de octubre, era el día en el que García Ortiz estaría presente, información que se desprendía de la agenda sobre la actividad del fiscal general que difunde la FGE.
Ese día el fiscal general debía presidir un acto en la madrileña calle de Fortuny, 4, en el que estaba como invitado el exfiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo.
Sin previo aviso, con la seguridad de que Garcia Ortiz se encontraba en la Fiscalía, dos grupos de la UCO se dirigieron, respectivamente, a las sedes de la FGE y de la Fiscalía Provincial de Madrid.
La clonación -basada en un auto del juez Hurtado que pedía clonar todo el contenido de los ordenadores, teléfonos móviles y tablets, a las 12:20 y acabó a las 23 horas, tanto en la fiscalía general del Estado como en la fiscalía de Madrid, en el despacho de Pilar Rodríguez, fiscal jefe , imputada también por el Supremo en la presunta filtración de un correo (caso de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid).
Aunque se trata de dos procedimientos diferentes -penal y contencioso, respectivamente-, los demandantes en este segundo procedimiento pedirán la incorporación del auto de la Sala Segunda del Supremo del 25 de octubre que abrió el caso del FGE, y los autos de incoación de las diligencias previas contra Garcia Ortíz y de entrada y registro de magistrado Hurtado, y reforzarán sus conclusiones tanto con la excepcional situación en curso, habida cuenta la gravísima medida de registro en las fiscalías General del Estado y en la Fiscalía de Madrid para respaldar su exigencia de anular el nombramiento con los hechos acaecidos después de su demanda de febrero pasado.
Teóricamente, determinar si de lo clonado -la verdadera caja negra de la Fiscalía General del Estado, su relación con otros fiscales y con otras personalidades, y personal de García Ortiz- surgen los indicios que busca la Sala Segunda no debería ser una tarea ardua.
Se trata de estudiar, según ha establecido el juez Hurtado en el auto correspondiente, la cadena de correos/mensajes telefónicos entre el 8 de marzo pasado y la fecha de ayer, miércoles 30 de octubre (se supone que para conocer aquello que ha pasado después de presentarse la exposición razonada del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el pasado 15 de julio y tras anunciarse la decisión de investigar al fiscal general del Estado el pasado 25 de octubre).
Ello, sin duda, podrá tener impacto en la decisión que vayan a adoptar los magistrados de la sala cuarta.
Precisamente, el plazo del 11 de noviembre para presentar conclusiones en el procedimiento de la sección cuarta de la Sala Tercera, perfila lo más parecido a una `pinza´ que se cierne sobre la continuidad de Álvaro García Ortiz en la Fiscalía General del Estado.