La reencarnación de Luis Roldán en José Luis Ábalos, al servicio de Víctor Aldama, el `rey de las coimas´
El juez Moreno elevará la semana próxima su solicitud al Tribunal Supremo para imputar al diputado José Luis Ábalos en lo que ya es el caso Ábalos, presunto integrante de una organización criminal.
“Solo nos falta un detalle en las informaciones sobre Ábalos: que él salga como Luis Roldán en calzoncillos”, señala a este periódico una funcionaria con años de trabajo en administraciones públicas, bajo diferentes gobiernos.
Para los más jóvenes, se refiere a las imágenes que captaron las cámaras en las fiestas orgiásticas celebradas por Luis Roldán (1943-2022) el entonces director general de la Guardia Civil -el primer civil nombrado a su mando durante el Gobierno de Felipe González- en el hotel Victoria de Palma, cuando en agosto de 1990 visitó Baleares, preocupado por la relajación de las medidas de seguridad en el entorno de Juan Carlos I y la reina Sofía, hizo un viaje a Palma de Mallorca para preparar un nuevo dispositivo pretendidamente más seguro.
La coincidencia temporal entre la difusión de las fotografías y los diálogos del entonces rey de España, Juan Carlos I y la modelo-actriz-estrella de circo Bárbara Rey (María García García, nombre real) y el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) sobre la vida oculta de Ábalos. este pasado jueves 10 de octubre, retrotraen España a hace unos veinte años, a la década de los años noventa, donde campaban a sus anchas los sucesivos casos de corrupción del gobierno del PSOE, por un lado, y las andanzas sexuales soto vocce, con sordina de los medios de comunicación, del actual rey emérito, con residencia fiscal, disfrazada de autoexilio, en Emiratos Árabes Unidos (EAU) y presencia creciente en Sanxenxo (Galicia).
La cutrez en uno y otro caso se vuelve ahora a reeditar con el ministerio de Ábalos y esas fotografías y grabaciones realizadas por Bárbara Rey en aquellos años, y difundidos ahora, sobre el reino de Juan Carlos.
Parece que todo sigue igual, sin wathsapps ni correos electrónicos.
Ábalos, que hizo en junio de 2018 una aplaudida defensa de la moción de censura contra Mariano Rajoy - la primera triunfante en nuestra democracia que presentó el secretario general socialista, Pedro Sánchez- basada en la sentencia de la Audiencia Nacional en del caso Gurtel -según la cual el Partido Popular había alimentado “en paralelo un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional-, Ábalos, decíamos, se puso al servicio del rey de las coimas o mordidas, Victor de Aldama.
Y, a cambio de trabajar para él, usufructuó un chalé - búsqueda en la que participó junto a su pareja de corrupción, Koldo García-, valorado en unos 590.000 euros, que disfrutó en la Alcaidesa Playa ( La Línea de la Concepción); logró que le pagarán el alquiler de un apartamento que albergó a su novia; consiguió que el comisionista le enviará a una persona a hacer las pruebas de covid-19 a su casa particular durante la pandemia y que, también, periódicamente le reservara para él y su familia una mesa en un restaurante.
La trama de corrupción se extendió como una telaraña por varios ministerios – en medio de la noche oscura de la pandemia, todos los gatos eran pardos- tanto para suministrar material sanitario como para lanzar otras actividades ilícitas, como un negocio de venta de hidrocarburos, o para organizar la recepción en Madrid del cicerone Aldama -con negocios en Venezuela- a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en enero de 2020.
Aldama ignoraba que esa presencia estaba prohibida por las sanciones de la Unión Europea, que había reconocido a Juan Guaidó presidente “encargado” de Venezuela, siguiendo la conducta del presidente norteamericano Donald Trump.
El intenso programa de actividades de Aldama, asumido como agenda por Delcy, tuvo que ser suspendido por esa prohibición, pero Aldama recibió en el salón de autoridades de Barajas de la vicepresidenta venezolana para cerrar una operación de venta de 104 barras de oro de Venezuela.
Ábalos, que debía estar presente para dar fe de que el comisionista en efecto tenía influencia sobre él, acudió a Barajas. Ábalos consideró la de Aldama de hacerle compañía como una oferta que no podía rechazar, y se cubrió las espaldas.
¿Cómo?
Aantes de acudir le informó al presidente Pedro Sánchez, al final de un largo whatsapp, como quien no quiere la cosa, que mantendría un discreto encuentro para fines distintos que se inventó -la gestión de las empresas españolas en Venezuela- muy diferentes a los chanchullos de Aldama.
Sánchez contestó con un lacónico “bien”.
Ábalos comentó a Aldama que al menos le había dicho eso -”bien”- porque al parecer se temía de que le podría poner a caer de un burro, por así decir.
Aldama consiguió a través del asesor para todo, el jefe de gabinete Koldo García -a sueldo de 10.000 mensuales, más otras premios de Aldama-, y de Ábalos, entrar con facilidad en las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE empezando a vender material sanitario: mascarillas y pruebas de PCR para detectar el virus.
Para el rey de las coimas era solo el primer paso con el fin de apuntalar más tarde otros negocios, según había tramado con su hermano Rubén, escolta de Ábalos durante largos años y a través de quien comenzó una hermosa amistad, que diría Rick (Humphrey Bogart) en Casablanca al jefe de policía francés Louis (Claude Rains)
Su primera operación de venta de mascarillas al Ministerio de Transporte le había permitido un beneficio de 6,6 millones de euros (contrato de 53 millones a varios departamentos, después de que se cayera a última hora un contrato de 4 millones para suministrar material a Correos), porque contó con información privilegiada que le pasó su empleado, el asesor del ministro Koldo García.
Y porque, según la UCO, Ábalos así lo autorizó.
De allí pasó Aldama al Ministerio del Interior, también para colocar mascarillas, y luego a Industria, pero esta vez para montar un desfalco a partir de la venta de combustible, operación por la que él y sus cómplices fueron enviados a prisión el pasado jueves, día 10 de octubre, por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. Son 180 millones de euros lo que le debe a la Hacienda española. A todo esto, la UCO cifra en 73 millones de euros el dinero que ha lavado para situarlo fuera de España.
Otro eslabón del informe solicitado por el juez Moreno es el rescate de la compañía aérea Air Europa por parte del gobierno de Pedro Sánchez por 475 millones de dólares como consecuencia de la situación creada por la pandemia.
Según señala, Aldama, que era consejero en la empresa aérea, y Ábalos, hicieron posible ese rescate por su prédica constante sobre el Gobierno.. Hay referencia a reuniones para preparar ese rescate, pero no hay nuevos indicios de carácter ilícito. Otras aerolíneas en la Unión Europea también obtuvieron inyecciones de fondos públicos.
Eso sí, si la UCO tuviera razón, dada la rotundidad de sus afirmaciones, ello dejaría fuera de esa operación a Begoña Gómez, la esposa del presidente de Gobierno, a quien también se le ha atribuido una participación por su presunta relación con Aldama y con Javier Hidalgo, el primer ejecutivo de Globalia, el grupo turístico español que participa en Air Europa.
Sin duda, el juez Juan Carlos Peinado, que ha intentado escarbar en el rescate de Air Europa, verá una posibilidad de resucitar las indagaciones con el informe de la Guardia Civil sobre el ya famoso traido y llevado rescate de la aerolínea.
El reciente auto de la sección 23 de la Audiencia de Madrid condiciona cualquier nueva incursión en el tema a la aparición de nuevos indicios. Como tales, indicios nuevos no hay. “Hay referencias a reuniones, pero en ningún caso se menciona a Begoña Gómez. Por tanto, no hay materia para reabrir la causa”, señala una fuente judicial.
La doble condición de ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE hizo posible que, con el respaldo de Ábalos, su mano derecha, Koldo García, se paseara como “Pedro por su casa” en las CCAA gobernadas por el partido, durante aquellos días aciagos del covid-19.
Y que cuando, por ejemplo, a su whatsapp del 17 de agosto de 2020, la presidenta de Baleares, Francina Armengol, contestó que estaba muy ocupada, y más tarde le hiciera llegar el teléfono de la consejera de Salud, Koldo, con su habitual desfachatez, campechanía y psicopatía, se diera el lujo de enviarle otro mensaje: “Vale, cariño, te mantengo informada de todo” (páginas 123 y 124 del informe de la UCO)
El juez Moreno, según información recogida por El Periódico, enviaráa la semana próxima a la Sala Segunda del Tribunal Supremo su exposición razonada para imputar al diputado Ábalos.
La Sala tendrá que pasarla por el proceso de admisión, lo que llevará algunas semanas, habida cuenta de que tendrá primero que solicitar informe a la Fiscalía del Supremo.
¿Adónde nos lleva esto?
A un hecho: a la situación que se deriva de la difusión instantánea del informe de la UCO.
Por un lado, se va a perder un tiempo vital para acceder a todo lo que pueda esconder Ábalos en relación con los hechos descritos (cuentas bancarias, mensajes telefónicos, correos, dispositivos).
¿Por qué?
Porque el juez Moreno no tiene competencia sobre Ábalos, está obligado a pasar antes por la solicitud al Supremo y ello, según se ha apuntado, lleva su tiempo.
Y esto no era inevitable.
Porque el informe de UCO podía estar bajo secreto sumarial siempre que lo hubiera resuelto el juez, lo que hubiese evitado su difusión hasta que la situación procesal de Ábalos permitiese imputarle.
Última derivada: Ábalos está incinerado íntima y jurídicamente con este informe.
Los agentes señalan al comienzo de su informe de 233 folios y al concluir que “todo lo expuesto debe entenderse en términos de presunción por lo que quedan sometidas a valoración judicial”.
Pero con los detalles y conclusiones al alcance del público, el derecho de defensa ha quedado tocado.
Más le valía al diputado renunciar a su escaño y defenderse en la Audiencia Nacional.
Pero quizá porque necesitaba el dinero de su escaño de diputado y porque erróneamente pensó que se defendería mejor en el Supremo rechazo renunciar a el como le exigía el PSOE.
Ahora bien, ¿es este sistema de instrucción penal el que todos estamos contentos de consolidar?
No deberíamos estarlo.