La historia completa nunca contada de las euroórdenes del juez Llarena contra Puigdemont
La idea de que se iba a entregar el jueves pasado no fue la primera ensoñación del instructor. Ya en diciembre de 2017 y enero de 2018 anuló y rechazó, respectivamente, emitir euroorden contra él.
El juez Pablo Llarena empezó con mal pie su andadura en la persecución penal europea del expresident Carles Puigdemont, pocas semanas después de ser nombrado magistrado instructor en la Segunda del Tribunal Supremo de la causa del procés.
El 5 de diciembre de 2017, resolvió dejar sin efecto la orden europea de detención y entrega (OEDE o euroorden) dictada por la magistrada Carmen Lamela, titular del juzgado de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional. Según señalaba en el auto de esa fecha, después de emitirse la euroorden “los investigados parecen haber mostrado su intención de retornar a España, con la finalidad de tomar posesión y ejercer unos cargos electivos para cuyos comicios se han presentado recientemente” [las elecciones autonómicas previstas para el jueves 21 de diciembre de 2017].
Pero, matizaba Llarena que con posterioridad a que se emitieran las órdenes de detención en noviembre, “se ha definido que los hechos pudieran haberse perpetrado mediante el concierto de todos los investigados y con una unidad jurídica inseparable, esto es, que la depuración de las distintas responsabilidades penales deba ser llevada de manera unificada, pues de otro modo podría romperse la continencia de la causa y conducir el proceso a respuestas contradictorias y divergentes para los distintos partícipes”.
Según el magistrado, el mantenimiento de las órdenes de detención no facilitaría el adecuado desarrollo del proceso “pues al ser posible que el Estado requerido (en aplicación de los artículos 3 a 5 de la Decisión Marco) deniegue parcialmente la ejecución de las órdenes de detención, se posibilita una restricción del título de imputación para los que se encuentran fugados, lo que dificultaría la respuesta homogénea que justificó la acumulación de las actuaciones e introduciría perturbaciones de defensa para los investigados que sí están a disposición de este órgano instructor, quienes podrían ser investigados y enjuiciados por todos los delitos que el instructor contempla, colocándose así en ‘peor derecho’ que quienes se encuentran fugados”.
Ergo: por todos los delitos imputados (sobre todo por rebelión, el delito por el cual instruía la causa). O nada. Los fiscales no recurrieron la decisión.
He aquí que algunas semanas más tarde Puigdemont se puso a tiro.
Estamos en la semana del 15 de enero de 2018, el expresident, que se encuentra en Bruselas, anuncia un viaje a Copenhague para pronunciar una conferencia. Puigdemont se encontraba en Bélgica.
Un nuevo fiscal general del Estado, el magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Julián Sánchez Melgar, acababa de asumir, el 11 de diciembre, en sustitución de José Manuel Maza, fallecido durante un viaje a Buenos Aires por la complicación de una insuficiencia renal aguda.
Los fiscales tenían una semana para adoptar una decisión: Puigdemont hablaría el lunes 22 de enero de 2017. La FGE examinó el Código Penal danés. ¡Eureka! Contenía una tipificación de la rebelión similar a la de España, consecuencia, de su experiencia con el independentismo, derivados de la posición que mantiene Groenlandia y de la situación de las Islas Feroes.
Sánchez Melgar había dicho al asumir que le FGE actuaría de la manera “procedente”, no por lo que pudiese resultar “conveniente”. Y lo que resultaba procedente, desde luego, era la reactivación de la orden de detención. La rebelión, creían los fiscales, estaba al alcance de la mano.
La mañana del domingo día 21 de enero, la FGE anunció en un comunicado que se aprestaba a pedir la activación de la euroorden en el caso de que se materializara el viaje de Carles Puigdemont a Copenhague. Lo cual era, de hecho, un aviso a quien intentarían detener, es decir, al expresident.
Los servicios policiales del Estado se encontraban alerta para cualquier información al respecto. La mañana del lunes 22, al filo de las siete de la mañana, los cuatro fiscales de sala a cargo del procés (Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno) se reunieron en Fortuny 4, con el fiscal general del Estado, Sánchez Melgar.
Puigdemont había cogido el avión en Bruselas sobre las seis de la mañana. El expresident desafiaba así a la FGE que había anticipado su petición el día anterior, domingo 21. Ello no le había disuadido de viajar. La FGE solicitaba la detención y fundamentaba su expectativa de poder arrestarle en que el delito de rebelión español tenía una consideración parecida en Dinamarca.
El juez Llarena recibió el escrito pasadas las nueve de la mañana.
Poco antes del mediodía, el juez ya tenía su auto a punto: Llarena rechazaba reactivar la euroorden.
La idea novedosa del juez: Puigdemont quería que lo detuvieran. Hay que apuntar que si bien el partido Ciudadanos había ganado las elecciones autonómicas del 21 de diciembre de 2017 convocadas por Mariano Rajoy, Junts (34%), ERC (32%) y CUP (4,45%) consiguieron reeditar la mayoría independentista.
Llarena, precisamente, se basó en un diagnóstico político-jurídico para rechazar la petición de la euroorden.
“Todos estos elementos [Puigdemont no podía asumir como president sin estar presente en la investidura según el informe de los letrados del Parlament] constituyen el soporte fáctico, que, de manera racional, dibuja que la jactancia del investigado de ir a desplazarse a un concreto lugar, no tiene otra finalidad que obtener la detención, para subvertir la finalidad de un instrumento que está previsto para garantizar la observancia del ordenamiento jurídico, convirtiéndolo en un mecanismo que le posibilite burlar el orden legal que rige la actividad parlamentaria”, señalaba.
Llarena era todavía más explícito. “Frente a la imposibilidad legal de optar por una investidura sin comparecer en el Parlamento, la provocación de una detención en el extranjero, busca que el investigado pueda pertrecharse de una justificación de que su ausencia no responde a su libre decisión como prófugo de la justicia, sino que es la consecuencia de una situación que le viene impuesta”, matizaba.
La fórmula no dejaba de ser innovadora y podría resumirse así: no se puede, no se debe, no hay que detener a quien desea ser detenido, quien está provocando su arresto en Copenhague.
Puigdemont pronunció su conferencia, se sometió a las críticas de Marlene Wind, directora del Centro de Política Europea del Departamento de Ciencias Política de la Universidad de Copenhague, quien le hostigó. “La balcanización es su modelo político ideal. ¿Es esa su visión de Europa? ¿Dividirla en 200 estados étnicamente puros en el sentido de tener un a única identidad?”.
Puigdemont regresó tranquilamente a Bruselas.
Y si bien se suele recordar el tropiezo de Llarena con su intento, desmontado, de detener a Puigdemont en uno de esos viajes, el de Cerdeña, Italia, el 23 de septiembre de 2021 -fue arrestado durante unas horas- es lo cierto que el antecedente más espectacular tuvo lugar, cuando, bajo el radar de agentes de inteligencia españoles, fue detenido el 25 de marzo de 2018, tras entrar en Alemania procedente de Dinamarca, ocasión en permaneció trece días en la prisión de Neumünster, en el estado de Schleswig Holstein, en el norte de Alemania.
El procedimiento de extradición duró tres meses.
El delito de rebelión fue descartado prácticamente enseguida pero los jueces del Tribunal Superior de Schleswig Holstein pidieron ingente cantidad de material sobre los hechos del delito de malversación, incluyendo declaraciones que había realizado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en las que aseguraba que no se había gastado fondos públicos en el referéndum del 1 de octubre de 2017, ni en la compra de urnas ni en la manutención del president Puigdemont. El juez Llarena reunió la documentación y la envió.
Finalmente, los jueces fallaron a favor de entregarle solamente por el delito de malversación.
Pero el 19 de julio de 2018, el juez Llarena dictó un auto por el que rechazaba la extradición.
Llarena señaló que las circunstancias creadas con la decisión de los jueces alemanes “no sólo cortocircuitan la operatividad del instrumento de cooperación internacional que hemos impulsado, sino que deterioran indebidamente la indiciaria apreciación de responsabilidad que recoge la investigación y un auto firme de procesamiento”, por lo que procede, de un lado, “rechazar la entrega de Puigdemont como mero responsable del delito de malversación y, de otro, retirar las órdenes europeas e internacionales de detención dictadas contra él”.
Cuando se lee ahora la importancia extraordinaria que se le otorga al delito de malversación -el clavo ardiendo para rechazar la amnistía- cabe preguntar: ¿Quién te ha visto y quién te ve?.
Pero hay otro punto en ese rechazo que no debía ignorar.
¿Qué dice el artículo 408 de la ley de Enjuiciamiento Criminal?
“La autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años”
El juez Llarena quería a todos los dirigentes del procés sentados en el banquillo por rebelión y, por tanto, al no poder hacer lo mismo si aceptaba la entrega de Puigdemont por parte de Alemania, decidió no lo que era “procedente” sino lo que él consideró “conveniente”, y dejo “intencionadamente de promover la persecución” del delito de malversación.