La FGE sustituye a la fiscal de Madrid por el fiscal superior de Extremadura en la querella de la pareja de Ayuso contra dos fiscales en su caso de fraude
La fiscal María de la O Silva se opuso a informar contra la admisión a trámite de la querella, sobre la cual dictará auto favorable el ponente, actual presidente del TSJM, Celso Rodríguez Padrón.
Fiscal General del Estado, Álvaro García.
La teniente fiscal del Tribunal Supremo o número dos de la Fiscalía General del Estado (FGE), María Ángeles Sánchez Conde, Geli, como la llaman todos, ha apartado formalmente a María de la O Silva, fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) del caso del defraudador de impuestos en la compraventa de mascarillas Alberto González Amor, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y en su lugar ha designado a Francisco Javier Montero Juanes, fiscal superior del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
La información obtenida por El Periódico de Catalunya, confirmada por fuentes de la investigación, es el prólogo de la decisión que adoptará la sala civil y penal del TSJM, sobre la base del informe del ponente, tanto sobre la querella como sobre la denuncia del Colegio de Abogados de Madrid, Celso Rodríguez Padrón, resolución que será adoptada de forma inminente.
El ponente tiene que pronunciarse, según apuntamos, sobre la querella de González Amador por presunta revelación de secreto que habrían cometido los fiscales Julián Salto y su jefa en la Audiencia de Madrid, Pilar Rodríguez, y sobre la exposición razonada que envió al TSJM el juez Jaime Serret, titular del juzgado de instrucción número 28 de Madrid. El magistrado solicitó en la última semana de abril que se investigue a los fiscales citados, a raíz de una denuncia del decano del Colegio de Abogados de Madrid, Eugenio Ribón, en la que destaca la vulneración del artículo 417 del Código Penal (revelación de información por funcionario en ejercicio de sus funciones).
Según hemos anticipado, el ponente, Rodríguez Padrón, emitirá un informe favorable sobre los dos puntos que debe resolver: el TSJM de Madrid tiene la competencia sobre los dos fiscales, habida cuenta de su aforamiento; y los hechos revisten prima facie conductas presuntamente delictivas.
Será la sala civil y penal presidida por el presidente del TSJM, el ponente en este caso, la que deberá deliberar y votar una vez conocido el mencionado informe.
A continuación, la sala, caso de admisión, procederá a designar un magistrado instructor (diferente, lógicamente, del ponente) para poner en marcha las diligencias de investigación.
¿Qué se investigará?
Alberto González Amador acusa a los fiscales mencionados de presunta revelación de secretos sobre su expediente en la Agencia Tributaria y la Fiscalía de Madrid. Y, pretende con ello conseguir la nulidad de las actuaciones fiscales contra él.
González Amador, según la Agencia Tributaria y la Fiscalía de Madrid, cometió dos delitos fiscales y uno de falsedad documental en una operación de venta de mascarillas.
La pareja de Ayuso realizó dos operaciones de venta de mascarillas durante la pandemia. Una el 5 de mayo de 2020 le aportó una comisión de 834.320 euros; una segunda el 2 de agosto de 2020 le permitió obtener otra comisión de 1.138.680 euros.
Tras detectar las inspectoras de la Agencia Tributaria, a través de un procedimiento iniciado en 2022, un posible fraude fiscal a través de empresas pantalla, el abogado de González Amador, el exinspector y exalto cargo de Hacienda, Carlos Neira, recomendó a su cliente llegar a un pacto.
En un documento enviado el 2 de febrero de 2024 a la Fiscalía de Madrid, González Amador admitía haber cometido dos delitos, aceptaba penas de cuatro meses de cárcel por cada uno de ellos (sin entrar en prisión), pagar 520.000 euros, y se mostrabatambién dispuesto a renunciar a la obtención de subvenciones o ayudas públicas y al derecho a gozar de incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante nueve meses.
Fue en el curso de esta investigación avanzada con propuesta de acuerdo de conformidad, todo ello a punto de ser judicializado, como es preceptivo en la Audiencia de Madrid, cuando una guerra mediático-política, ha permitido tanto a González Amador como a su pareja presentarse como víctimas del gobierno de Pedro Sánchez y la Fiscalía General del Estado.
Los datos de la investigación -reservada- fueron filtrados a través de una primicia informativa.
A continuación, para “matar” la noticia y controlar daños, Miguel Ángel Rodríguez, director de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, salió al ruedo cometiendo un error estratégico: filtró una parte de la correspondencia entre la Fiscalía y Neira, el abogado de González Amador.
Allí, lo que era un correo de respuesta del fiscal Salto a una propuesta de acuerdo del Neira se presentaba a la Fiscalía de Madrid como la autora de la propuesta de pacto de conformidad. Rodríguez completaba su labor de intoxicación con una línea, escrita de puño y letra, dirigida a los periodistas, donde decía que la Fiscalía “retiró [el pacto] por órdenes de arriba”.
La fiscal superior del TSJM, Almudena Lastra, se aprestaba a difundir un comunicado en el que desmentía la intoxicación pretendida por Rodríguez. A saber: el pacto era propuesta de González Amador, no de la Fiscalía. El desmentido se limitaba a desmontar la operación de Rodríguez sin aportar detalle alguno sobre la actuación de la Fiscalía.
Pero, como en la canción de Carlos Puebla sobre Fidel Castro y su revolución, “en eso llegó Álvaro”, el fiscal general del Estado.
Álvaro García tuvo para sí que el desliz de Miguel Ángel Rodríguez al usar un correo reservado para intoxicar le daba el pretexto para entrar a saco, e intentó hacerlo a través de la fiscal superior Lastra, quien le pidió por escrito la orden y le manifestó su desacuerdo.
Álvaro García se apañó con la Fiscalía de Madrid. Y ordenó a la Fiscalía del TSJM, en lugar de la propia FGE, difundir el comunicado que creía idóneo para a su vez “matar” la maniobra de Rodríguez.
Y en dicha comunicación, publicada el jueves 14 de marzo , se informaba de los pasos del procedimiento reservado (no secreto, porque el asunto todavía estaba pendiente de judicializar).
Dos semanas más tarde, mientras González Amador y Ayuso aprovechaban la cáscara de plátano que había pisado el fiscal general del Estado con su “contraataque” informativo, para presentarse como víctimas de Pedro Sánchez, la jueza Inmaculada Iglesias, titular del juzgado de instrucción número 19 de Madrid, admitía a trámite la querella de la Fiscalía de Madrid contra la pareja de Ayuso por dos delitos fiscales y uno de falsedad, y le citaba a prestar declaración el próximo 20 de mayo.
Es decir: la investigación penal del fraude -que era y es lo esencial y no la guerra mediático-política- estaba en marcha.
Pero la sacudida dentro de la Fiscalía seguiría su curso. Porque la línea argumental fijada por García y de la Fiscalía de Madrid -ante la denuncia presentada por el Colegio de Abogados de Madrid- es que no ha habido revelación de datos o hechos. Sin el magistrado Serret, a cargo de la denuncia, estimó que sí había indicios para investigar la posible revelación de secretos.
La Fiscalía General del Estado, a través de la teniente fiscal Ángeles Sánchez Conde, ordenó a la fiscal del TSJM que se hizo cargo del asunto por turno, María de la O Silva, a hacer un informe a la sala penal y civil en el que se solicitaba a los jueces desestimar la querella.
La fiscal pidió ver los correos intercambiados en el asunto antes de decidir su posición. ¡Vade retro!
La FGE se vio obligada, pues, ante la discrepancia, a convocar una junta de fiscales de sala para dirimir si se informaba contra la admisión de la querella. Aunque el fallo no era vinculante, 15 fiscales se manifestaron a favor de informar contra la admisión de la querella, 13 a favor de informar favorablemente a su admisión y 2 plantearon la propuesta de que la investigación se hiciese, pero en la Audiencia de Madrid.
Es decir: 15 contra la investigación y 15 a favor, aunque dos de ellos propusieron Madrid.
El siguiente paso fue el de informar a la sala civil y penal en el sentido contrario a la admisión de la querella.
Y ahora la sustitución de la fiscal Maria de la O. Silva por Francisco Javier Montero.
Se han ido a Extremadura para sustituirla.