La batalla mediático-política no perjudicará al proceso por fraude cometido por la pareja de Ayuso, que declara este lunes

Alberto González Amador presta declaración a estas horas ante la juez Iglesias y el fiscal Diego Lucas Álvarez tras confesar dos delitos fiscales y dispuesto a pagar 500.000 euros a Hacienda.

Un caso de fraude de manual, poco sofisticado, por no decir, cutre.

   Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, es un intermediario que obtuvo beneficios de 1.973.000  de euros por un contrato de venta de mascarillas y guantes a la empresa FCS Select Products. Dicha cantidad se canalizó a través de dos comisiones para vender a la  en mayo y agosto de 2020 a la sociedad Mape Asesores, la cual a su vez fue proveedora de mascarillas y guantes a diferentes comunidades autónomas durante la pandemia. La empresa FCS Select Products se especializó en la comercialización de bebidas alcohólicas, pero cambió por los mascarillas, guantes y material sanitario nada más advertir los primeros síntomas de la pandemia.

    Este contrato como tal no es un acto ilícito.

El problema es que González Amador defraudó, a través de su sociedad Maxwell Cremona SL, a Hacienda.    

    ¿Defraudó o presuntamente defraudó? 

     Defraudó. 

    Es que él mismo González Amador ha reconocido por escrito - una vez que la inspectora de la Agencia Tributaria logró reunir todos los detalles de la defraudación con información de España y del extranjero, y la remitió a la Fiscalía de Madrid el 16 de enero de 2024- haber utilizado una red de empresas pantalla para simular pagos ficticios con el objetivo de ahorrarse el pago de 350.951 euros en los ejercicios 2021 y 2022.

    Fue el 2 de febrero cuando el intermediario se puso en contacto con la Fiscalía de Madrid y reconoció el fraude fiscal –“ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”, escribió en un correo- y proponía un acuerdo de conformidad penal.

En el mismo, la defensa de González Amador asume el pago que le tocaría afrontar, desglosado en el abono de la cuota presuntamente defraudada (hasta 350.951 euros), los intereses de demora y una sanción del 40%. Total: algo más de 500.000 euros. 

Asimismo, propone no poder aceptar ni obtener subvenciones o ayudas públicasni tampoco el derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante nueve meses. A cambio, añade la defensa, deja claro que "esta propuesta de conformidad penal está condicionada a la suspensión de la pena de prisión que se le incluya en la conformidad penal definitivamente alcanzada". 

       El fiscal de delitos económicos de Madrid, Julián Salto, le respondió el 12 de febrero que tomaba nota de su propuesta de alcanzar la conformidad. Salto se puso manos a la obra para elaborar, como es habitual, la denuncia penal (la cuota defraudada es delito al superar los 120.000 euros)

     El 5 de marzo de 2024, en efecto, el fiscal presentó la denuncia contra Maxwelll Cremona y Procesos, sociedad para el fomento del Medio Ambiente y Procesos, ante el juzgado decano de Madrid, por dos delitos fiscales y uno de falsedad en documento mercantil, en la que incluía a aquellos que aportaron las empresas pantallas utilizadas para encubrir los gastos ficticios. La denuncia se repartió al juzgado de instrucción número 19 de Madrid, a cargo de la juez María Inmaculada Iglesias.

     Hasta aquí, estaríamos en un caso transparente.

La inspectora de la Agencia Tributaria encargada del caso ha trincado a González Amador, ha armado el puzle de empresas fantasma, calculó  las cuotas defraudadas en 2021 (155.000 euros) y 2022 (195.95,41 euros), ha cursado su informe a la Fiscalía, que a su vez ha recibido, mientras elaboraba su denuncia, una propuesta de pacto que previamente debía pasar por el juzgado al superar la cuota de 120.000 euros (delito fiscal).

     El caso trascendería, lógicamente, al público nada más la juez Iglesias dictase un auto en el que a se admitiría a trámite la denuncia de la Fiscalía de Madrid y procediera a citar a los imputados. 

        Y eso llegó. La juez resolvió el 22 de marzo imputar a González Amador y a las personas que cooperaron en la trama de facturas falsas y empresas pantallas. Y les citó como imputados/investigados el 20 de mayo. Es decir, este lunes, a las diez de la mañana.

      Pero, ¿qué pasó entre los días posteriores a la denuncia puesta por la Fiscalía de Madrid ante el juzgado decano de Madrid para su reparto y la decisión de la juez Iglesias?

     Pues una batalla mediático-política.

La denuncia de los delitos fiscales de González Amador se filtró a eldiario.es, quien informó primero de la defraudación. En su información dio cuenta de todos los detalles de un extenso informe de la Agencia Tributaria. Pero omitió que la defraudación se había producido como resultado de un contrato de compraventa de mascarillas. 

    El mismo día, 12 de marzo, la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, preguntada esa tarde en los pasillos del Senado por el tema de la pareja de Ayuso declaró: “Requiere que la presidenta de la Comunidad de Madrid de explicaciones y actúe con absoluta transparencia respecto a si efectivamente como se ha publicado en los medios de comunicación está viviendo en un piso que se pagó con un fraude a la Hacienda Pública y que se pagó con las comisiones respecto a las mascarillas en el peor situación de pandemia”. 

    ¿Comisiones respecto a las mascarillas?

La información, como decimos, no había mencionado que se trataba de un contrato de compraventa de mascarillas.

    Un rato después de las declaraciones de Montero, el medio que había omitido el concepto de mascarillas, volvió a informar sobre el asunto, esta vez en el sentido de que los dos millones cobrados por la pareja de Ayuso habían sido “por contratos de mascarillas”.

     Era difícil imaginar de antemano el camino tortuoso que seguiría esta historia. Contra todo pronóstico, el miércoles 13 fue el día decisivo. El del contraataque inverosímil pero cierto.

El director de gabinete de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez, saltó al ruedo en un asunto que ya estaba sub judice. Difundió a medios amigos un correo -reservado- en el que el fiscal Julián Salto mostraba su disposición a llegar a un acuerdo de conformidad con González Amador. Era la respuesta del fiscal al abogado Carlos Neira, que representa al intermediario González Amador, a su correo del 2 de febrero.

Pero Miguel Ángel Rodríguez logró que los medios atribuyeran la iniciativa a la Fiscalía, no a la pareja de Díaz Ayuso. Además coló el mensaje de que el Gobierno obligaba a la fiscalía desistir del pacto de conformidad. Lo que también era falso.

    La manipulación iba a ser contestada por la fiscal superior del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Almudena Lastra. Simplemente, en unas pocas líneas, se disponía a desmentir la manipulación de Rodriguez.

    Pero a Álvaro García, fiscal general del Estado, le pareció que era necesario más contundencia. Filtró la misma noche de ese fatídico miércoles 13 el correo en el que abogado de González Amador proponía el pacto después de reconocer los dos delitos, anunció un comunicado para la mañana siguiente y tras supervisar un comunicado extenso en la Fiscalía General del Estado, ordenó a la fiscal superior del TSJM difundirlo. Ante la discrepancia, Lastra solicitó que le diera la orden por escrito, lo cual hizo García a través de un watsapp de su teléfono móvil.

La Fiscalía del TSJM difundió na nota a primera hora del jueves 14 de may. En ella se establecía la secuencia de todas las actuaciones.

     Díaz Ayuso siguió en el campo de combate. Autorizó a su hombre de confianza, Alfonso Serrano, a difundir que en realidad Hacienda debía devolver 552.000 euros a González Amador. Era una nueva patraña que, como siempre, usa un elemento de la realidad para luego desnaturalizarla.

   González Amador, mientras la inspectora de la Agencia Tributaria estudiaba los ejercicios fiscales 2020 y 2021 de Maxwell Cremona, presentó ya en 2023 la liquidación del ejercicio 2022 intentado “compensar” lo defraudado (una especie de regularización forzada subrepticia). Por este ejercicio 2022 debía pagar 77.156 euros, pero abonó 629.408 euros. La diferencia es: 552.252 euros.

     ¿Por qué decimos que era nueva patraña con la que volvía a manipular la Comunidad de Madrid?

Porque las regularizaciones y complementarias en regla tienen validez cuando son espontáneas (salvo, claro, si eres el rey emérito Juan Carlos I, a quien se le admitieron unas regularizaciones después de que se le informara que iba a ser investigado, todavía no era objeto de inspección reglamentaria), anteriores a que Hacienda te haya notificado el inicio de actuaciones de inspección. Y González Amador tenía a Hacienda ya inspeccionando a su empresa. 

    Los errores de la actuación de la Fiscalía General del Estado -via filtraciones que se escudaron en la campaña de Miguel Ángel Rodríguez- y la investigación penal abierta en el TSJM de Madrid sobre ellas ¿afectará al proceso penal abierto por la magistrada Iglesias?

No hay en principio indefensión. Todo -el reconocimiento de los dos delitos- estaba perfilado con anterioridad a la judicialización y la batalla mediático-política cuyo contexto político es el creciente paso de Begoña Gómez, esposa del presidente de Gobierno, a ser blanco de los ataques del PP recogiendo informaciones de varios medios de comunicación, que serán luego presentadas en una denuncia del sindicato ultraderechista Manos Limpias y admitida a tramite por el juez Juan Carlos Peinado, a cargo del juzgado 41 de Madrid.

   “No creo que perjudique el proceso fiscal. No ha habido realmente indefensión para el imputado. La pareja de Ayuso ha admitido los delitos. Y más todavía cuando ha intentado “compensar”, un hecho que se utiliza desde la Comunidad de Madrid para decir que le deben dinero. Ha sido bastante fuera de lo normal que una institución como al Comunidad de Madrid filtre un correo reservado, lo que provocó la intervención de la Fiscalía” dijo a El Periódico de Cataluña, Carlos Cruzado, auditor de cuentas y técnico de Hacienda y presidente de Gestha, el sindicato de los técnicos de Hacienda.

  “Lo que hemos visto es bastante cutre con facturas falsas y empresas pantallas que el propio imputado ha admitido. Intenta “compensar” después, en el año 2022. Cuando dijo lo de devolver nosotros lo vimos claro que había pagado de más intentando compensar. El caso es de manual : primero unas cifras que llaman la atención porque tiene un aumento considerable de beneficios mientras que impuestos no, y ha sido fácil aflorar la situación con la gente que ha hecho las facturas. No había nada detrás. Quizá pensaba que era impune, claro. Porque teniendo la inspección ya abierta del ejercicio 2020, presenta la de 2021 con el mismo sistema de facturas falsas. Pero es que ya está abierta la inspección de 2020. La de 2021 la presenta en 2022 con una inspección abierta, pone en práctica la misma conducta. Parece increíble”, concluyó.

     La defensa de González Amador afirma que, precisamente, por ser pareja de Díaz Ayuso, se apresuró a reconocer los delitos fiscales el 2 de febrero, estaba en situación de “debilidad”.

    ¿Debilidad o impunidad?