Juan Carlos I versus Revilla o... ¿Revilla versus Juan Carlos I?
Después de seis años intentando evitar -con éxito-una sentencia condenatoria, su eventual demanda contra Revilla le puede llevar en la justicia a una situación inédita.
El rey honorífico o emérito, Juan Carlos I, se enfrenta a la situación surrealista de propiciar, por iniciativa exclusivamente propia, su posible única comparecencia en sede judicial -tras sus cuotas defraudadas a Hacienda por las que abonó 5.074.294,96 euros y ser archivados sus presuntos delitos- en el caso de presentar una demanda de protección del honor contra el expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla.
“Que repatrie el dinero que tiene fuera de España”. Miguel Ángel Revilla
Juan Carlos I, miembro de la familia real, que no de la Casa de Su Majestad el Rey Felipe VI -según quedó acreditado en la demanda de Corinna zu Sayn Wittgenstein en el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales, 2024 - consiguió eludir la acción de la justicia penal en Suiza y en España, y la acción de la justicia civil en Inglaterra -por falta de jurisdicción-, pero se encuentra en manos de una abogada, amiga de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid -ay de esos wasaps intercambiados entre ellas- que puede llevarle a tener que oir aquellas preguntas que nunca ha querido escuchar y a responderlas en sede judicial.
Esa sería una posible consecuencia de la demanda de protección del honor contra el expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que está elaborando Guadalupe Sánchez -dicen que ya hay un borrador- y que -tras el acto de conciliación de este viernes 16 de mayo en Santander (ver video abajo), en el que el demandado se ha ratificado en sus afirmaciones sobre el emérito y le ha desafiado a ir a juicio- tendrá que interponer. Revilla debía retractarse de sus afirmaciones: "evasor", "apátrida fiscal", “autor de tropelías” y presunto “corrupto”, entre otros.
Pincha en la imagen para acceder al vídeo
Juan Carlos I, con residencia, domicilio fiscal en Emiratos Árabes Unidos (EAU) y titular en Abu Dabi de la Fundación Sumer – acrónimo de Su Majestad El Rey con el que solía identificarse cuando llamaba a amigos y amigas por teléfono- se encontraba el viernes 16 de mayo en Sanxenxo disfrutando de la regata de clase 6 y, como se esperaba, dejó solo a Revilla en el acto de conciliación en Santander.
Revilla, a la salida del juzgado, instó a Juan Carlos I a “repatriar” el dinero que mantendría en cuentas bancarias extranjeras y recordó las grandes cantidades de dinero que le han atribuido medios de comunicación norteamericanos como The New York Times (NYT) y Forbes.
Precisamente, en una reunión en Times Square, con el equipo editorial del NYT, en septiembre de 2012, cuando se le mencionó que se cifraba la fortuna de la familia real española en 2.300 millones de dólares, el emérito no ocultó su bochorno, se levantó de la mesa y abandonó el encuentro, seguido del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, quien, a día de hoy recuerda con espanto aquél cónclave.
La periodista presente, Doreen Carvajal, y el entonces corresponsal en Madrid, Raphael Minder, publicaron, tras el encuentro, una información relevante titulada Juan Carlos I busca la redención, para España y su monarquía .
“La riqueza de la familia real española ha sido estimada en 2.300 millones de dólares, una suma que sus simpatizantes consideran inflada porque incluye propiedades gubernamentales”, señalaba.
Pero había algo más.
En aquellas fechas todavía se celebraba el hecho de que España había ganado a Francia en la adjudicación del tren AVE Medina-La Meca en Arabia Saudí el 6 de octubre de 2011 por 6.736 millones de euros.
Y en reportaje citado, el exministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos no podía ser más explícito: “Sin el rey Juan Carlos, el contrato del Ave [Medina-La Meca], no habría salido adelante. Este tipo de contratos se reduce a una decisión personal del rey Abdullah [Abdalá bin Abdulaziz al-Saúd] de Arabia Saudí”.
Flash back.
Estamos camino de Arabia Saudí. Es el 8 de abril de 2006. Juan Carlos I y la reina Sofía, visitan en un viaje oficial con empresas españolas de infraestructuras el país a invitación del rey. En el mismo avión Airbus A-310, en uno de los asientos reservados a miembros del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ocupa uno Corinna zu Sayn Wittgenstein, en pleno noviazgo con Juan Carlos I. Es “consejera”. Allí se planta la semilla de la adjudicación del Ave Medina-La Meca.
Unos meses después, el 1 de octubre de 2006, con financiación pública y a través de la compañía estatal Organización de Ferrocarriles Saudí (SRO), se abre la licitación del proyecto Ave Medina-La Meca en un solo paquete.
Pero en 2008 se decide separar el contrato en tres partes: plataforma (Fase 1.1), estaciones (Fase 1.2), y superestructura y operación (Fase 2). Durante la fase de precalificación para esa licitación se presentaron dos consorcios españoles: Al Shoula MMLR, formado por nueve empresas, y la española OHL Internacional, de Juan Miguel Villar Mir, amiguete de Juan Carlos, por siete.
El 16 de julio de 2008, el rey Abullah, junto con su ministro de Finanzas, Abdulaziz Al Assaf y Juan Carlos I, lanzaban en Madrid, aprovechando la inauguración de la Conferencia Mundial para el Diálogo de Madrid de las tres religiones monoteístas (judaísmo, cristianismo e islam) el proyecto pactado en el viaje de Juan Carlos I de 2006: la puesta de largo del Fondo Hispano-Saudí de Infraestructuras y Energía.
Solo pasan tres semanas desde ese lanzamiento.
Durante esos veinteún días, Arturo Fasana, gestor del dinero que Juan Carlos I tiene en Suiza, es instruido por el embajador de Arabia Saudí en Washington, Al Jubeir, para que el rey de España abra una cuenta bancaria a fin de recibir una transferencia. Fasana, y el abogado del rey, Dante Canónicas, crean una fundación en Panamá. Fasana pasa los datos a Al Jubeir en una visita que éste realiza a Suiza.
El ministro de Finanzas saudí Abdulazziz Al Assaf, siguiendo instrucciones del rey Abdullah realiza el 8 de agosto de 2008 una transferencia de 100 millones de dólares (65,8 millones de euros) a una cuenta abierta en el banco Mirabaud por la Fundación Lucum, Panamá, cuyo primer beneficiario es el mismísimo Juan Carlos I y el segundo Felipe de Borbón, príncipe de Asturias, y como tercero, a futuro, el heredero o heredera del trono de España en caso de fallecimiento de los primeros.
Según Juan Carlos I, que ocultó esa fortuna al fisco español, se trató de un regalo del rey Abdullah y no de una comisión por sus gestiones en la adjudicación del Ave Medina-La Meca.
El fiscal de Ginebra, Yves Bertossa, investigó la operación a raíz de la información aportada por Corinna en un audio que le grabó subrepticiamente el excomisario José Manuel Villarejo en Londres, en 2015.
Pero terminó archivándola porque la “justicia” saudí no colabora.
Sea un regalo o una comisión, Juan Carlos I no declaró los 65,8 millones de euros en España. Se los transfirió en junio de 2012 a Corinna zu Sayn Wittgenstein mediante un contrato de donación irrevocable, elaborado por Canonica, y firmado por donante y beneficiaria. Juan Carlos I intentaría durante recuperar el dinero que le dejó “en custodia”. Sin éxito. Corinna hizo varias inversiones inmobiliarias con esos fondos.
Con todo, esta operación ocurrió cuando el rey Juan Carlos I estaba en ejercicio y se le aplicó la inviolabilidad constitucional (artículo 56.3 de la Constitución Española)
Sin embargo, en aquellas infracciones fiscales posteriores a su abdicación (junio de 2014) recibió avisos de la Fiscalía del Tribunal Supremo sobre las diligencias que se seguían y se le ofreció personarse en los procedimientos. Lo rechazó.
Finalmente, como consecuencia de esas comunicaciones decidió regularizar las cuotas defraudadas con dos pagos: 678.393 euros en 2022 y 4.395.901,96 euros en 2023.
En total: 5.074.294,96 euros.
La Fiscalía consideró que cumplía los requisitos de una declaración veraz, completa y espontánea, por lo cual no se querelló contra el emérito por delito fiscal.
Pero claro, la defraudación quedó acreditada al pagar los 5.074.294,96 euros.
Da toda la impresión de que, si se presenta finalmente la demanda de protección del honor, el melón se reabrirá en la jurisdicción civil.
La defensa de Revilla solicitará como prueba la comparecencia de Juan Carlos I -cuya presencia no es obligatoria en el momento inicial de presentarse la demanda- para interrogarle, una diligencia que tendrá que ser aprobada por el juez a quien toque la demanda. Puede, también, rechazarla. Y Juan Carlos I puede no someterse si se aprueba tanto presencialmente o por videoconferencia, con las consecuencias que ello suponen (artículo 304 de la ley de Enjuiciamiento Civil)
Parece que de Juan Carlos I versus Revilla, pasaremos, si ahora Juan Carlos I no se echa atrás podemos pasar a una fase Revilla versus Juan Carlos I.
Información publicada en El Periódico de Catalunya