Gonzalez-Trevijano canaliza el `golpe´ del PP y convoca Pleno para este jueves a las 10 horas
El presidente del Tribunal Constitucional someterá un recurso de amparo "preventivo" cuyo fin es paralizar la acción legislativa en el Congreso
González-Trevijano detrás del Presidente en el acto del día de la Constitución
El presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González-Trevijano, nombrado el 12 de junio de 2013 por el gobierno de Mariano Rajoy -cuyo mandato venció el pasado 12 de junio, hace ya más de seis meses- ha convocado avanzada la tarde de este miércoles 14 un Pleno jurisdiccional para dar respuesta a un presunto recurso de amparo preventivo del Partido Popular en el que se solicita la adopción de medidas precautorias urgentes - cautelarísimas- para impedir que el Congreso de los Diputados apruebe la reforma del PSOE-Unidas Podemos dirigida a modificar la ley Orgánica del Poder Judicial y los delitos de sedición y malversación.
Fuentes consultadas por El Periódico de Cataluña señalan: “El presidente ha pedido informe a los letrados sobre este recurso de inconstitucionalidad encubierto. Habrá varios. Los letrados han dicho que necesitan día y medio para elaborar el documento. Pero sin esos informes, el Presidente acaba de convocar Pleno jurisdiccional para mañana a las 10:00 horas. Se abordarán tres temas: la avocación del recurso al Pleno, la admisión a trámite y la adopción o no de medidas cautelarísimas”.
Los magistrados han sido citados avanzada la tarde sin la documentación completa.
¿Cuál es la doctrina del TC sobre los recursos de amparo?
“En el recurso de amparo constitucional”, según sentencias del Tribunal Constitucional “sólo puede pretenderse la preservación o el restablecimiento de lesiones concretas y efectivas de derechos o libertades”.
Y explícitamente se señala: “No es una vía adecuada, sin embargo, para efectuar juicios abstractos de inconstitucionalidad de normas o para garantizar, también en abstracto, la correcta aplicación de los preceptos de la Constitución que recogen y garantizan esos derechos fundamentales y libertades públicas”.
No hay antecedentes de este “neorecurso de amparo preventivo”.
La analogía que plantea el recurso del PP es la proposición a la Mesa de Parlament de Cataluña por parte del partido político CUP para que el president Carles Puigdemont compareciera en octubre de 2017 en el Parlament con el fin de declarar la independencia de Cataluña.
Problema: eso no fue un procedimiento legislativo y, por tanto, carece de paralelismo con la tramitación de la reforma que quiere abortar cautelarmente el PP ahora.
La Constitución solo prevé, según reza el artículo 161.2, que el Gobierno, al presentar un recurso de inconstitucionalidad de una ley el TC declara la suspensión automática de la misma.
“El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses”.
Tampoco el recurso del PP se puede equiparar al eliminado recurso previo de inconstitucionalidad porque en ese caso se presentaba al acabar el procedimiento legislativo.
Recientemente, el TC denegó en un auto medidas cautelares que se solicitaban en un recurso de amparo parlamentario de Vox a propósito del voto telemático del diputado del PP Alberto Casero. Su voto permitió aprobar la modificación de la ley de reforma laboral del gobierno de Mariano Rajoy. El partido ultraderechista solicitaba que se suspendiera la vigencia de la nueva reforma. El TC rechazó la pretensión con el razonamiento de que el recurso de amparo afecta a una lesión concreta de un derecho, y señaló que el amparo no afectaba a la validez de la norma.
La acción del PP se complementa con otra iniciativa orientada a imponer en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) este miércoles 14 de diciembre -el día D de su plan- el nombramiento de dos magistrados que quiere incorporar al TC: César Toloza y Pablo Lucas, presidente y magistrado, respectivamente, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
El PP y los vocales elegidos por iniciativa de dicho partido en diciembre de 2013 por un plazo de cinco años -es decir: ya llevan cuatro años caducados- pretendían una votación telemática este miércoles 14 aprovechando la ausencia presencial de cinco vocales -dos fuera de España y 3 en actividades de representación, en Canarias-, pero en su solicitud, presentada el pasado viernes, no incluyeron la preceptiva propuesta de candidatos y sus perfiles profesionales.
Este miércoles 14 han completado la solicitud con los nombres de Toloza y Lucas, un candidato “propio” de la derecha y Lucas, el candidato que se le atribuye a los progresistas, pero que no cuenta con el apoyo de ese sector, que, en cambio, propone a Juan Manuel Bandrés, también magistrado de la Sala Tercera del Supremo.
El presidente del CGPJ, Rafael Mozo, rechazó el pasado martes 13 la solicitud porque no reunía el requisito de la propuesta de candidatos, además de considerar que un Pleno extraordinario con cinco vocales sin hacer acto de presencia, sobre todo después de que el sector conservador ha bloqueado la elección desde el 8 de septiembre pasado, carecía de justificación.
Pero el PP se ha lanzado abiertamente al golpe propulsado por la derecha judicial y mediática. El exmagistrado del TC, Manuel Aragón, y el líder del sector conservador en el CGPJ, José María Macías, socio del bufete Cuatrecasas, han alimentado la campaña en los medios de comunicación. Precisamente, Alberto Nuñez Feijóo ha repetido una frase de Aragón: “Parecía -ha dicho el líder del PP- que no podía ocurrir lo que está ocurriendo con el Código Penal, la malversación y ahora el referéndum”.
. Aragón había advertido en declaraciones públicas que las reformas del Gobierno de Pedro Sánchez eran “inauditas”.
El PP admitió estar en la campaña de bloqueo deliberado de la renovación del TC, según declaraciones de Nuñez Feijóo a Onda Cero la semana pasada.
Y este pasado lunes, día 12, el vicesecretario del PP Esteban González Pons pasó a la acción directa para arropar al sector derechista del CGPJ al pedir desde su cuenta en twitter la abstención de la vocal del CGPJ Clara Martínez de Careaga por ser esposa del magistrado del TC Cándido Conde-Pumpido, candidato natural de la próxima mayoría progresista a presidente del TC.
Pero en el CGPJ, claro, no se vota al presidente del TC.
Su exigencia, pues, es una operación política.
González Pons, además, señaló que el voto de la vocal era decisivo.
Esta afirmación, sobre la que no justificó, destapó que está en la conspiración junto con el sector conservador del CGPJ.
¿Por qué?
Porque para sacar adelante los nombramientos en el CGPJ la derecha necesitaría 10 votos. Y los conservadores conseguirían sacar su propuesta adelante si se reduce el quorum con dos abstenciones, de a 18 a 16 vocales.
El plan de Macías, precisamente, consiste en forzar las abstenciones de Enrique Lucas (hermano de Pablo Lucas, el candidato que impulsa la derecha aparte del suyo propio, Toloza) y de Clara Martínez de Careaga, para reducir así el quorum de 18 vocales a 16 y sacar adelante ambos nombramientos con 10 votos. La derecha llevaría al TC a su propio candidato y a su preferido, Lucas, en lugar del candidato del sector progresista, Bandrés.
Pero antes de que se celebre dicho pleno, el PP ha decidido usar a los magistrados que le apoyan en el TC tocando a rebato para que González-Trevijano, y los magistrados que le respaldan, presten el servicio de impedir la aprobación de las reformas de la ley Orgánica del Poder Judicial en el Congreso cuya finalidad, precisamente, es evitar la situación creada por el PP y sus vocales conservadores, mediante un sistema por mayoría simple y limitando la presentación de un solo candidato por vocal.
Las medidas cautelarísimas se adoptan sin escuchar los argumentos de las partes en liza. Supondrían, de adoptarse hoy, una injerencia del TC en la actividad del Poder Legislativa sin precedentes en la historia constitucional española desde 1978. Una operación al servicio de un golpe del PP ejecutado por el presidente del tribunal de garantías nombrado por el gobierno del PP en 2013 con su mandato vencido, según se ha apuntado, y otros dos magistrados conservadores -uno nombrado también por el gobierno de Rajoy en 2013 y otro por el CGPJ, ambos también caducados.