Feijóo busca salvarse del naufragio judicial provocado por el PP con el SOS a Reynders
Feijóo busca salvarse del naufragio judicial provocado por el PP con el SOS a Reynders
La sentencia del Tribunal de Estrasburgo (TEDH) sobre 6 magistrados candidatos a vocales de la Asociación Francisco de Vitoria obliga a terminar el sistema de elección del CGPJ ya iniciado.
Didier Reynders, (Lieja, Valonia, Bélgica, 1958), licenciado en Derecho y comisario europeo de Justicia ha sido el mediador de facto en su calidad de comisario europeo de Justicia del proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el tan mentado como depreciado “gobierno de los jueces” de España. Mediador porque el partido Popular ha apelado de manera recurrente a sus buenos oficios en los últimos años. Un hombre con dilatada trayectoria en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, ha forjado una relación amistosa y profesional con Reynders. Todas estas apelaciones han desembocado ahora en la propuesta de Alberto Núñez Feijóo y sus sondeos para que Reynders actúe, por así decir, como “mediador de iure” o mediador/verificador formal.
De un asunto feo se sale como se puede, dícese que escribió Balzac. La manera de salvarse del naufragio del `titanic` judicial provocado por el PP (desde Pablo Casado a Alberto Núñez Feijóo) es ahora, pues, a través de un SOS, una llamada de socorro, a Bruselas, al comisario, que no capitán de barco, de Justicia, el sempiterno ministro de las administraciones gubernamentales de Bélgica.
Feijóo ya tenía el diseño del titánic a punto. Mantendría el bloqueo iniciado en 2018 por Casado hasta llegar a La Moncloa. La idea: en las elecciones generales, previstas para diciembre de 2023 o enero de 2024, obtendría, según aseguraban los sondeos de los que el PP se fiaba, mayoría absoluta con Vox. Se trataba por tanto de estirar el bloqueo a la renovación del CGPJ hasta pisar Moncloa. Si ya se llevaba cuatro años y medio en esta situación, ¿qué más daba esperar seis meses más?
Una fuente judicial con conocimiento de los planes de Feijóo lo ha explicado así a El Periódico.
“Ellos tenían la certeza de ganar las elecciones y conseguir la mayoría absoluta con Vox, por lo tanto derogarían la ley de 2021 limitadora de las funciones del CGPJ que prohíbe los nombramientos por parte de un órgano en funciones, derogación que se haría sin pérdida de tiempo, haciendo que el actual CGPJ con mayoría conservadora nombrase los 80 nombramientos pendientes. Se llenaría el Tribunal Supremo y las presidencias de Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) de las CCAA con presidentes conservadores, paso previo a aprobar una ley de reforma de la elección de jueces por los propios jueces de manera directa. Pero ya con los nombramientos pendientes consumados” señala la fuente.
Ahora los dos objetivos no son factibles. Ni devolver las competencias al Consejo actual para poder hacer nombramientos, ni aprobar una modificación de la ley orgánica para instaurar un nuevo sistema de elección de los vocales procedentes del sector de jueces por los mismos jueces de forma directa. Esto se llama atolladero. ¿Por qué? Porque persistir en ese bloqueo exige otros cuatro años (hasta las próximas elecciones generales) más con este guirigay.
Pero los mismos jueces a los que Feijóo dice querer representar han perdido la paciencia.
El CGPJ está en descomposición, el grado de agresividad del sector conservador capitaneado por el abogado José María Macías, socio del bufete Cuatrecasas, conoce grietas, con un presidente en funciones, Vicente Guilarte, que se distancia de la mayoría pepera en las batallas declarativas -solo a eso se limita en lo esencial la actividad del CGPJ- más partidistas, y sobre todo, porque los jueces quieren que se reanuden los nombramientos.
Un magistrado pinta el cuadro de situación: “Mucha gente tiene paralizada su carrera. Los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) están presididos por gente agotada o que se ha jubila
do, le sustituye al presidente el más antiguo sin la capacidad para hacerlo, lo mismo pasa en las audiencias provinciales. Hay personas con aspiraciones que llevan largos años de carrera destacando y no pueden llegar a una presidencia por este bloqueo de cinco años. Y en el Tribunal Supremo sucede algo parecido. Magistrados a quienes se les está pasando el arroz porque llega un momento en que dicen ‘oiga me va a quedar muy poco para jubilarme, aunque me nombréis ahora ya no merece la pena ir al Supremo’. Incluso la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) presiona para que se renueve el CGPJ”.
Y Feijóo también quiere aprovechar para nombrar a “su” candidato personal para ocupar una vacante en el Tribunal Constitucional, la que dejó en julio de 2022 el magistrado elegido por el Senado, a iniciativa del PP, Alfredo Montoya, cuando renunció por motivos de salud.
Feijóo ya colocó al magistrado de lo contencioso-administrativo José Luis Costa Pillado (Cambados, 1954) en la presidencia del Consello Consultivo en 2014. Y el Parlamento gallego le ha propuesto formalmente el 8 de febrero de 2023, tras una votación de 42 votos -mayoría del PPdeG- a favor y 32 que se abstuvieron con voto en blanco para sustituir a Alfredo Montoya en el Tribunal Constitucional.
Pero para conseguir este nombramiento la mayoría absoluta del PP en el Senado no es suficiente porque según la Constitución se requiere mayoría de 3/5 de sus miembros. Necesita, pues, el respaldo del partido Socialista, un respaldo que ya estaba concedido en el acuerdo entre González Pons y el entonces ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, frustrado en octubre de 2022.
El otro argumento utilizado ahora por Feijóo como bote salvavidas es que el PP aceptaría renovar el CGPJ (tiene que ser según la ley vigente por cinco años ) “al mismo tiempo” que acordar una ley para reformar la ley orgánica vigente del sistema de nombramiento de los vocales. Este sistema viene de la reforma de José María Aznar con las correcciones dispuestas en la época de Mariano Rajoy. Ninguno de los dos, que contaban con mayoría absoluta, modificó el sistema cuando estaba en condiciones de hacerlo para que “los jueces elijan directamente a los doce jueces” que forman parte del CGPJ.
Problema: hay una sentencia de junio de 2023 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que estimó el recurso de seis magistrados candidatos a vocales de la asociación Francisco de Vitoria, cuyos nombres fueron enviados al Congreso para proceder a la selección de los mismos. Esa selección como la de los otros candidatos para ocupar los veinte puestos del CGPJ se interrumpió cuando tocaba al Congreso y Senado dar su aprobación. Fue el momento en que el PP inició el largo bloqueo.
Según el TEDH, se ha vulnerado los derechos fundamentales de las personas que participaron en el proceso si el procedimiento iniciado no se culmina, no porque tengan un derecho fundamental a ser elegidas, sino porque les asiste un derecho fundamental a que el proceso que se inició se termine.
Los seis candidatos tenían derecho al procedimiento de selección abierto en las Cortes Generales y este proceso, señala la sentencia del TEDH, «debía cumplir con ciertos criterios, que eran de aplicación general para la igualdad de acceso a las funciones públicas o cargos y la función pública de derecho español, tales como los criterios de mérito y capacidad» y que el propio Constitucional ha advertido «específicamente contra los riesgos relacionados con cualquier enfoque partidista» por parte de los grupos políticos dominantes.
“Si prescindes de estos seis candidatos preseleccionados el guirigay que ya estamos sufriendo podría empeorar porque si no se ejecuta la sentencia del TEDH los recurrentes podrían conseguir la anulación de todo lo que se haga de aquí en adelante si no se ajusta a lo establecido” señala un magistrado consultado.
Precisamente: el TC desestimó en 2021 sin entrar al fondo el recurso presentado por los miembros de la Asociación Francisco de Vitoria antes de acudir a Estrasburgo. Expedientó el asunto a través de una providencia en el que se calificaba como caducado el plazo para solicitar el amparo. Sin más.
El TEDH también propina en su sentencia de junio de 2023 un varapalo al TC por considerar que no dio explicación alguna en la desestimación. Señala para más inri que no existen plazos que se debía respetar el recurso de amparo de los recurrentes porque la vulneración de sus derechos es permanente.
El Tribunal Constitucional ha creado, tras la sentencia del TEDH, una comisión que estudia la ejecución de la sentencia de junio pasado, un tema que tendrá que resolver de manera prioritaria tras la pausa de las Navidades. Según fuentes jurídicas, la sentencia del TC no se distanciará del núcleo esencial de la sentencia de Estrasburgo.
Cabe ahora concluir que si Reynders en calidad de comisario europeo hace de mediador en el proceso de renovación se verá obligado a defender una sentencia tan clara como la del TEDH.
Ahora bien, ¿por qué Feijóo insiste en que es “razonable” renovar el CGPJ y “al mismo tiempo” aprobar una nueva ley para elegir a los jueces? Si la renovación del CGPJ, como establece la ley vigente, son cinco años, el nuevo sistema no podrá aplicarse hasta cuando este CGPJ agote sus funciones, es decir, en cinco años.
De aquí a entonces vaya usted a saber quién va a gobernar en España. El PP, como se ha apuntado, no hizo lo que ahora promete en ninguno de los gobiernos con mayoría absoluta cuando podía cambiar la ley.
Y a la luz de los ritmos de la proposición de ley de amnistía, incluso una nueva ley para el cambio de sistema de elección supondría, con un procedimiento de urgencia, alrededor de seis meses. Ello sin tener en cuenta el proceso de consulta a las cuatro asociaciones de jueces, cuyos criterios difieren.
Feijóo presenta como “razonable”, pues, para salvarse de su responsabilidad en el naufragio y justificar el largo bloqueo provocado por el PP, elaborar una proposición de ley urgente ¿para una ley que no se aplicará hasta dentro de cinco años?
Pedro Sánchez ha aceptado para acabar con el bloqueo echar una mano para salvar la cara de Núñez Feijóo a través de la mediación de Reynders. Si de verdad el presidente del PP depone su resistencia la renovación puede ser inmediata en un plazo de treinta días. Solo exige que el Congreso y el Senado se pronuncie sobre los candidatos de las asociaciones de jueces preseleccionados para ser los 12 vocales del CGPJ y que ambas cámaras elijan a los ocho candidatos a vocales juristas de reconocido prestigio (cuatro cada una de ellas).
Sería también oportuno que los presidentes del Congreso y del Senado, Francina Armengol y Pedro Rollán, respectivamente, pronuncien su palabra. Porque según la ley orgánica del Poder Judicial de 1985, artículo 568.1, “el CGPJ se renovará en su totalidad cada cinco años, contados desde la fecha de su constitución. Los Presidentes del Congreso y del Senado deberá adoptar las medidas necesarias para que la renovación del Consejo se produzca en plazo”.
El actual Consejo se constituyó el 4 de diciembre de 2013.
¡Manda castaña!