El presidente del Tribunal Constitucional ningunea al Gobierno y rechaza convocar el Pleno que debe verificar a los dos nuevos candidatos
Pedro González-Trevijano desoye al Ejecutivo y a tres magistrados que piden la aplicación del artículo 4 del reglamento, y pasa el balón al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para. ganar tiempo
El reglamento de organización del Tribunal Constitucional prevé en su artículo 4 lo siguiente:
"El presidente convocará el Pleno por propia iniciativa y cuando lo pidan, al menos, tres magistrados".
Es exactamente lo que ocurrió este miércoles 30 de noviembre en un Pleno ordinario del TC convocado con anterioridad. Ante la comunicación enviada el miércoles 29 por el Gobierno -certificado incluido- en la que solicitaba la puesta en marcha de la verificación de los dos candidatos que ha nombrado -Juan Carlos Campo y Laura Díez- al presidente del TC, Pedro González-Trevijano (uno de los magistrados con mandato vencido el 12 de junio), tres magistrados pidieron al presidente que en aplicación del reglamento procediera a convocar ese Pleno de verificación.
González-Trevijano interrumpió el Pleno dos veces. En uno de los intervalos, el presidente se reunió con sus “huestes” del grupo conservador -Concepción Espejel, Santiago Martínez-Vares, Antonio Narváez, Enrique Arnaldo, y Ricardo Enríquez- y acordó con ellos que no convocaría el Pleno solicitado.
Y, ya ante el Pleno, después de un examen bastante amplio, tras conocer las diversas opiniones y la petición de Ramón Sáez, Inmaculada Montalbán y Cándido Conde-Pumpido, a favor de la aplicación del artículo 4, habida cuenta de que el presidente anunciaba su rechazo a la convocatoria.
Que ya en el día anterior, arguyó González-Trevijano, (en alusión al martes), se había acordado que transmitiría al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Rafael Mozo, la designación de los dos nuevos magistrados por el Gobierno para que, a su vez, procediera a elegir a los dos que también le corresponde a dicho órgano.
Pero se suscitó un intercambio de puntos de vista a raíz de la publicación de los nombramientos en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Porque también había, según se ha apuntado, una comunicación del Gobierno al TC en la que se hacía referencia al Pleno de verificación.
Según el acuerdo segundo adoptado por el Consejo de Ministros del martes pasado se decidía "comunicar al Tribunal Constitucional, por conducto del Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, dicha propuesta de nombramiento a los efectos previstos en los artículos segundo, apartado Uno, letra g), y diez, apartado 1, letra i) de la citada Ley Orgánica".
En román paladino: convoquen ustedes el Pleno de verificación.
¿No había que contestar a la comunicación del Gobierno?
Para González-Trevijano la situación no había variado con esa comunicación. Era más apropiado, dijo, transmitir la información al CGPJ para que este decidiera sobre sus dos nombramientos en su Pleno del 22 de diciembre. Un pleno ordinario que ni siquiera está convocado formalmente todavía y que carece de orden del día, habida cuenta de que el mismo se confecciona el viernes anterior al Pleno.
Pedro González-Trevijano, con el respaldo de los conservadores y la indiferencia de algunos llamados progresistas, como Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer, no tuvo difícil ningunear/ignorar al Gobierno -ni siquiera contestarle por cortesía- y todos hicieron votos para que el 22 de diciembre el asunto se resuelva. Menos los tres que simplemente pidieron la aplicación del reglamento.
No hubo votación.
Pero las usinas del "sindicato mediático-judicial" -la coalición de medios de comunicación y jueces y magistrados en la sombra-comenzaron a soltar humo nada más acabar el Pleno.
“Hacer la información” no era complicado. Se había hecho, decían, una votación y mira por dónde los tres progresistas fueron aplastados. Un nuevo trampantojo. Los medios compraron el mensaje, sin rechistar.
Una solicitud reglamentaria fue convertida en una batalla en la cual tres magistrados habían sido derrotados. La intoxicación campó ayer por sus respetos con el fin de crear una realidad virtual.
Para ilustrar toda la falacia de dicha construcción, sobre el mediodía de este miércoles se reunían los negociadores Álvaro Cuesta por el sector progresista y José Antonio Ballestero, por el conservador, cuyo objetivo era acordar por enésima vez una salida a los nombramientos en el CGPJ.
Ballestero le pidió a Cuesta que dejara a un lado al candidato que habían presentado -José Manuel Bandrés, magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo- y volvieran a dialogar sobre más nombres. Cuesta le aclaró que Bandrés era el único candidato de su grupo.
Ballestero, cuando la reunión no superaba los cinco minutos, le dijo que así no, que su grupo se reuniría la noche del miércoles (por ayer) y verían qué hacían.
A todo esto, Ballestero, ¿qué candidatos para el TC propone?
Cero patatero. Ni siquiera ha presentado un solo nombre. Y ya han pasado casi tres meses desde que empezó la “negociación”, el pasado 8 de septiembre. Ahora bombardear a Bandrés desde que el grupo progresista lo comunicó al conservador, eso sí. El sector conservador no presenta candidato pero sugiere que el progresista quite a Bandrés y proponga al magistrado Pablo Lucas. ¡Quieren elegir al “propio” y al ”ajeno”!
¿Adónde van González-Trevijano y el "sindicato mediático-judicial" respaldados por el Partido Popular?
¿Cuál es la "técnica", para utilizar la expresión del escritor italiano Curzio Malaparte, de este golpe de Estado?
Se trata de obstaculizar sine die la renovación del único órgano que no depende exclusivamente de lo que pueda hacer el PP.
Es decir: mientras en el CGPJ el PP es uno de los partidos que a través del Congreso y el Senado corta el bacalao, en el TC no puede hacer más que influir, presionar y conspirar con el grupo de magistrados del sector conservador y con sus vocales en el CGPJ.
Es lo que está haciendo. Y su trabajo se desarrolla sobre el sector conservador del TC y el del CGPJ.
Por el camino cuentan con desgastar a los principales magistrados de la próxima mayoría progresista a través de dos recetas.
La primera, atacar a través de los medios de comunicación, a los que consideran más emblemáticos por su trayectoria en la judicatura y la magistratura.
Y, también, dividir.
González-Trevijano ha insinuado a la magistrada María Luisa Balaguer, del sector progresista, que sería una buena presidenta del TC y que, llegado el caso, podría obtener el apoyo conservador. El objetivo: evitar a toda costa, si fuera necesario a través de un mal menor, que el magistrado Cándido Conde-Pumpido sea el próximo presidente.
"Una presidenta de consenso".
Lo que sea.
¿Ha sido precipitada la solicitud de los tres magistrados a favor del Pleno de verificación que facilita el artículo 4 ya citado?
¿Era mejor una estrategia de wait and see, esperar al 22 de diciembre y después arrinconar a González-Trevijano con la exigencia?
¿Quizá conviniera esa finezza para dejar que se asentara el polvo de los nombramientos de Juan Carlos Campo y Laura Díez -una decisión adoptada desde las vísceras por parte de Pedro Sánchez, a modo de golpe sobre la mesa, después de abortar el PP el pacto de renovación del CGPJ a finales de octubre pasado-y después, quizá en enero próximo, exigir ese Pleno de verificación cuando se confirme que del 22 de diciembre previsiblemente no salen los nombramientos del CGPJ?
Es posible. Pero ¿cómo negarse a convocar el Pleno de verificación en el cual por otra parte se podían debatir todos los asuntos -si es lícito, por ejemplo, renovar por sextos o tercios el TC- en el que todos podrían dar su opinión.
¿Por qué tanto temor de González-Trevijano?
La pérdida próxima de la mayoría conservadora a la hora de embarcar en maniobras a un TC de “combate”, hace suponer al PP y al "sindicato mediático-judicial", que todos los demás partidos son de su condición.
Parecen "descontar" que el TC con mayoría progresista será un instrumento del “Gobierno social-comunista-filoterrorista”, como lo califican, que emularía lo que antes hizo la derecha con el tribunal de garantías. Es decir: exprimirlo como un limón para desgastar al Gobierno, inconstitucionalidad del estado de alarma mediante.
Pero no solo eso: se agarran al TC como tabla de salvación, apoyo y palanca para atravesar el año en el que sueñan con asaltar el poder.