El largo adiós de Pedro González-Trevijano
El presidente del Tribunal Constitucional bloqueó al vencer su mandato 12 de junio su salida con mensajes al Gobierno de que usaría su mayoría para no dar posesión a su sustituto.
El presidente saliente del TC y el presidente del Gobierno en el acto del Congreso el Día de la Constitución, 6 de diciembre de 2022.
El presidente del Tribunal Constitucional cabalgó hacia la presidencia sobre la alfombra roja de su ponencia de admisión del recurso de inconstitucionalidad del estado de alarma para combatir la pandemia del Covid-19, presentado por Vox, después de que su antecesor, Fernando Valdés Dal Ré, primer ponente que tuvo que renunciar al TC, lo había inadmitido.
En su libro Unreliable Sources (1988), o fuentes insolventes, los expertos norteamericanos Martin Lee y Norman Solomon, tras señalar que “la vaca más sagrada de la prensa es la prensa misma”, describen entre los vicios de los medios de su país lo que denominan “el periodismo de fuente”, o la dependencia, a veces enfermiza, de los periodistas respecto de ciertas de sus fuentes.
En España es una práctica cotidiana.
Que esa dependencia se convierte muchas veces en la necesidad de ser agradecido no es menos frecuente.
Si te aportan, por ejemplo, una sentencia íntegra del Tribunal Constitucional (TC) cuando los magistrados disidentes todavía no han presentado su voto particular, y exhibes la primicia a cuatro columnas en portada parece que luego hay que reconocerlo a la hora de abordar otras informaciones por aquello de que “es de bien nacidos ser agradecidos”.
Pedro González-Trevijano se verá obligado a abandonar la presidencia del TC en algún momento, quizá más pronto que tarde, ya se verá. Su mandato ha vencido el 12 de junio de 2022, siendo que fue elegido por el Gobierno de Mariano Rajoy en junio de 2013, y su prórroga automática ya va a cumplir siete meses el próximo 12 de enero. Que lo que en estas páginas se denomina el sindicato mediático-judicial haya “apretado” -puesto en la diana recordándole sus deberes de lealtad- y más tarde, estos días, elogiado, a González-Trevijano, tras consumarse el golpe anunciado -primero para tutelar el Congreso de los Diputados y más tarde el Senado, a fin de prohibir la conversión en ley de las disposiciones finales diseñadas para evitar el bloqueo de la renovación del TC- era algo previsible.
Pero que una prensa autodenominada independiente lo presente, después de uno de los acontecimientos más facciosos de la historia constitucional española desde 1978 -la admisión del recurso de amparo “preventivo” del Partido Popular contra esas disposiciones- como el hombre que llegó a la presidencia del TC para “restañar las heridas” y que, pobre de él, no lo consiguió, es el ejemplo viviente de ese “periodismo de fuente” del que hablan Lee y Solomon en una obra que marcó época en el periodismo norteamericano.
Pedro González-Trevijano preparó su acceso a la presidencia del TC, que correspondía al grupo de magistrados conservadores de su tercio, con la ponencia sobre el recurso del partido ultraderechista Vox contra la ley del estado de alarma y el confinamiento decretado por el Gobierno de Pedro Sánchez en marzo de 2020.
Situémonos. Es septiembre de 2020, los miembros del TC reciben el borrador sobre lo que sería la ponencia sobre el recurso de inconstitucionalidad del magistrado a quien había tocado por turno elaborarla. Se trataba de Fernando Valdés Dal Ré, del sector progresista.
Su borrador, redactado sobre la base del trabajo del letrado Javier Jiménez Campos, catedrático de derecho constitucional y ex secretario general del TC, una de las cabezas más prestigiosas, desestimaba el recurso de Vox.
Y, entonces, una denuncia sobre el maltrato de Valdés a su esposa -que esta ha negado- le aparta primero, culmina con su renuncia al TC y el archivo posterior de las diligencias contra él en el Tribunal Supremo.
A todo esto, su ponencia recae en González-Trevijano, quien se apoya en la labor de otro catedrático de Derecho Constitucional, Ángel Sánchez Navarro, al que ha él mismo ha recomendado, incorporándole como letrado en régimen de adscripción temporal en el TC. Ha sido vocal asesor en el Departamento de Parlamento e Instituciones del gabinete del presidente de Gobierno José María Aznar, entre 2000 y 2002.
Sánchez Navarro, pues, sustituye pues a Jiménez Campos. Y la nueva ponencia elaborada sobre el informe técnico de Sánchez Navarro sostiene que si bien las medidas del confinamiento y las restricciones de ocio y actividad comercial han sido necesarias, en línea con las instrucciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el confinamiento domiciliario, decretado por el Gobierno y aprobado por el Congreso, es inconstitucional porque se ha suspendido el derecho fundamental de la libre circulación -no simplemente limitado- y para ello se debía haber declarado el estado de excepción.
Tanto el inicio del debate como el final, tras la votación, registra una conducta incompatible con las normas de transparencia y, cabe decir, de decencia. El martes 8 de junio de 2021 el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Juan José González Rivas, ordena entregar a cada magistrado una copia de la ponencia de González-Trevijano sobre el recurso de Vox contra el decreto de estado de alarma aprobado por el Gobierno en marzo de 2020 y, a continuación, por una mayoría absolutísima del Congreso, incluyendo a Vox y al Partido Popular.
Las instrucciones del martes 8 de junio son estrictas. Hay que evitar filtraciones. La copia no pasa por la secretaría general del TC ni se envía a los correos electrónicos.
Pero el jueves 10 de junio de 2021, a primera hora, un diario digital publica el contenido. Es el mismo diario que había destapado la noticia del presunto maltrato de Valdés a su esposa.
La ponencia propone declarar inconstitucional el confinamiento domiciliario consagrado por el estado de alarma (artículo 7 del decreto).
La filtración deliberada de la ponencia de González-Trevijano, favorable a declarar inconstitucional un artículo clave del decreto ley -el número 7, o confinamiento domiciliario-, expresaba la intención de la mayoría conservadora de abrazar una estrategia de “aquí te pillo, aquí te mato”. Es decir: filtrar la información, e imponer el rodillo. El hecho consumado. Entonces la mayoría conservadora era aplastante: 8 votos contra 3 (Valdés no había sido reemplazado).
Y, claro, no resulta difícil consumar la operación. Se repite el patrón de conducta con la filtración anterior al debate. Si la ponencia de González-Trevijano ha sido filtrada a un diario digital próximo al sindicato mediático-judicial, la sentencia íntegra lo será, el 16 de junio de 2022, a otro medio, de tendencia diferente -hay que cubrir todos los flancos mediáticos- antes de que los magistrados disidentes hayan entregado su voto particular firmado.
González-Trevijano pretende ser "equilibrista".
Esa nueva filtración se acepta “naturalmente”. Pero el sindicato mediático-judicial y la indiferencia de los otros medios crean una tormenta por el voto particular -en fase de borrador que la filtración del texto íntegro de la sentencia conduce a publicar- de uno de los magistrados disidentes, Cándido Conde Pumpido, que no ha pasado en limpio su texto y por referirse a sus colegas en duros términos. Esa conducta, empero, no es reprochada a Andrés Ollero, magistrado de la derecha, ex diputado del PP en el Congreso, quien se atreve a decir que nunca había escuchado una “majadería” semejante sobre los argumentos de sus colegas de la mayoría que decretan la inconstitucionalidad del estado de alarma porque si bien las medidas son ajustadas a lo que era necesario hacer se debía declarar el estado de excepción.
A este gran “varapalo” - definido así por los medios del sindicato mediático-policial, que utilizaba ese término al informar de los Plenos mensuales en los que el TC admitía los recursos de inconstitucionalidad de Vox y del PP contra el Gobierno- siguieron otros, como, lógicamente, el de la prórroga del del primer estado de alarma o la declaración de nulidad del acuerdo alcanzado por la Mesa del Congreso de Diputados del 19 de marzo de 2020 con el que se suspendían los plazos reglamentarios para las iniciativas que se encontraban en tramitación, así como el acuerdo del 21 de abril que desestimó la petición de Vox de reconsiderar la decisión anteriormente indicada.
Es decir: el TC, que había actuado de forma similar, ahora propinaba un nuevo “varapalo” al Gobierno a través de una coz contra la presidenta del Congreso, Meritxell Batet.
Pero, además de Ollero, el presidente del TC, Juan José González Rivas, magistrado del sector conservador, es testigo de excepción de la polarización deliberada de la derecha. En sus votos particulares contra el parecer de la mayoría, se pronuncia a favor de la constitucionalidad del estado de alarma. Y desencadena la presión del sindicato mediático-judicial a favor de un TC “de combate”, porque, según afirma, González Rivas cede ante la influencia del magistrado, gallego cómo aquél, Cándido Conde-Pumpido.
A partir de noviembre de 2021, con el nombramiento de cuatro nuevos magistrados -acordados por el Gobierno y el PP en las cámaras- y, más tarde, con la dimisión por enfermedad de Alfredo Montoya, magistrado conservador, la situación interna en el TC cambia: son ahora 6 conservadores y 5 progresistas.
Ya estamos en junio de 2022. La división del trabajo entre los vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y los magistrados de la misma cuerda del TC -unos y otros respaldados por el PP de Feijóo- funciona a rajatabla. Los vocales se disponen a bloquear los nombramientos de los 2 magistrados que debe designar, por ley, para el TC.
González-Trevijano, ocho meses después de asumir, reitera al Gobierno, a través de diversos mensajeros, que no se le ocurra nombrar a los 2 magistrados que le corresponde para sustituirle a él y a Antonio Narváez, también designado por el Gobierno de Rajoy, si a su vez el CGPJ no nombra a los suyos. Porque, de darse esa situación, aprovechará la mayoría conservadora de 6 a 5 para bloquearles la toma de posesión.
También se lo dice -él y el entonces presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, en persona a la ministra de Justicia, Pilar Llop. O los cuatro -los dos del TC que toca nombrar al Gobierno de Sánchez, como en 2013 al de Rajoy, y los dos del CGPJ- o nada.
González-Trevijano no tiene la más mínima prudencia, ni parece recordar que él mismo en 2016 ha firmado una sentencia del ponente Fernando Valdés -esa sí- contra un recurso de inconstitucionalidad del PSOE en la que se considera apropiado una renovación parcial del CGPJ; es decir si una de las dos cámaras legislativas nombra y la otra no está en condiciones de hacerlo, es un deber que la primera proceda a hacerlo. Es un deber, no solo una potestad, ex Constitucione (desde la Constitución), que vale también, dice la sentencia, para el propio TC.
El final -el golpe contra el Congreso y el Senado- ha sido la crónica de un golpe anunciado. González-Trevijano ha llegado hasta el extremo de intervenir y votar
En la propia inadmisión de su recusación -planteada por un recurso del Senado, todas las partes personadas y el fiscal jefe del Tribunal Constitucional, Pedro Crespo, que consideran juez y parte al presidente- González-Trevijano (y su colega Antonio Narváez) intervienen cuando deberían apartarse. Ganan la batalla de la recusación con sus propios votos.
Es una secuencia, pues, que no debería quedar como una nota a pie de página en la historia del TC, quien junto al Tribunal Supremo han puesto muy alto el listón del juez imparcial y de la necesidad de evitar cualquier sombra de parcialidad. González-Trevijano ganan con sus votos contra la primera recusación en el Congreso de los Diputados y en la segunda en el Senado.
Con todo, la misión de González-Trevijano no ha finalizado.
La guinda es su compromiso -y el de Enrique Analdo, su colega y mentor- con el objetivo del PP y la derecha de frustrar la posible presidencia progresista de Conde-Pumpido en el TC, a través de una candidatura alternativa de la magistrada del sector progresista María Luisa Balaguer.
En eso están.
Nota Bene. En el día de hoy, a partir de las 16:30 hs. la derecha ha conseguido que se convoque un Pleno extraordinario para nombrar a los 2 magistrados del TC. Ha cambiado parcialmente propuesta: proipone a los magistrados César Tolosa y ahora a María Luisa Segoviano, expresidenta de la Sala Cuarta de lo Social del Tribunal Supremo y jubilada desde octubre de 2022, en lugar de Pablo Lucas.
Los vocales son 18 y para aprobar esos nombramientos se requieren 3/5, lo que equivale a 11 votos. Pero los conservados son 10. ¿Han conseguido meter cuña y dividir a los 8 progresistas (7 más Enrique Lucas, vocal nombrado a propuesta del Partido Nacionalista Vasco). Maniobras no han faltado.