El juez Pablo Lucas autorizó pinchar teléfonos y después fue ponente en una sentencia contra Junqueras
El llamado “juez del CNI” dio luz verde tres veces (autorización y dos prórrogas) a la intervención del teléfono de Pere Aragonès. También autorizó pinchar el de Oriol Junqueras
El magistrado Pablo Lucas de la Cueva (Salamanca, 1954), magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, autorizó en 2018/2019 la intervención del teléfono de Pere Aragonès (entonces vicepresidente de la Generalitat de Catalunya y coordinador Nacional de Esquerra Republicana de Catalunya, bajo la presidencia de Oriol Junqueras). También autorizó al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) pinchar el teléfono de Oriol Junqueras.
Y mira por dónde, en enero de 2020, participó en la deliberación y votación del auto que denegó a Junqueras las medidas cautelarísimas contra la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) que le privó de su escaño en el Parlamento Europeo.
Más tarde en mayo de 2021, Lucas ponente (el magistrado que redacta el proyecto de sentencia) en la sección cuarta que entró en el fondo del recurso y confirmó la anulación del escaño.
Actualmente es presidente en funciones de la Sala Tercera, de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.
¿Qué se siente al conocer el contenido de las intervenciones telefónicas que uno ha autorizado a practicar y deliberar después en el tribunal que debe resolver un recurso del escuchado?
Es el caso de Pablo Lucas y Oriol Junqueras. Habrá que esperar a conocer la reacción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)- largo me lo fiáis- pero no es difícil intuir el asombro de los jueces europeos ante la “normalidad” de la conducta del magistrado Lucas de la Cueva, que fue candidato del sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en diciembre de 2022 a ser magistrado del Tribunal Constitucional. Sin éxito.
Lucas de la Cueva es juez encargado de estudiar las actividades del CNI desde 2009. Su último mandato fue renovado en 2019 y su cinco años vencen en noviembre de 2024.
Veamos.
¿Cómo opera el juez que atiende al CNI?
Es el encargado de recibir a los letrados del CNI, quienes le exponen los casos en los que la actividad de inteligencia provoca una restricción de derechos fundamentales: entrada y registro de domicilios, intervenciones telefónicas, y otras.
El juez, en secreto, toma nota y redacta un auto, como cualquier otro juez, en el que autoriza las medidas que se le piden. Dicho auto taambién es secreto.
El CNI da cuenta después al juez lo que han permitido conocer las medidas adoptadas. Cuando se quiere prorrogar la medida de intervención-al mes, por ejemplo- el CNI vuelve a enviar a su letrado al despacho del juez y le explica las razones. Y este vuelve a redactar una resolución, siempre secreta, que da luz verde a la prórroga o la deniega.
Por tanto, Lucas conoce las transcripciones de las intervenciones telefónicas de los teléfonos de Junqueras y Aragonés, entre muchos otros afectados por las medidas de intervención autorizadas.
Y esta actividad no llevó a Pablo Lucas a plantearse una posible incompatibilidad o apariencia de parcialidad, como guste, cuando después de emitir esas autorizaciones -la de Aragonès ya es pública y tres documentos (los autos) han sido desclasificados por decisión del Gobierno- cuando tuvo que participar en la sección cuarta de la Sala Tercera, de lo contencioso-administrativo, en dos enjuiciamientos.
El primero fue en 9 de enero de 2020, cuando junto con sus colegas (Luis María Díez Picazo, Jorge Rodríguez-Zapata, Celsa Pico y Pilar Teso) prestó su apoyo al auto que desestimó las medidas cautelarísimas urgentes que solicitó la defensa de Junqueras contra la decisión de la JEC de privarle de su escaño en el Parlamento Europeo. Allí el ponente fue Rodríguez Zapata.
Y el segundo, cuando el 12 de mayo de 2021, como presidente de la sección cuarta y ya como ponente de la sentencia en la sección cuarta que desestimó el recurso de Junqueras contra el acuerdo de la JEC del 3 de enero de 2020 y le impuso las costas del recurso.
Se da la circunstancia de que Lucas, actual presidente en funciones de la Sala Tercera del Supremo, fue propuesto por el sector conservador del CGPJ en noviembre y diciembre de 2022 como uno de los dos candidatos que debía incorporarse al Tribunal Constitucional (TC). José María Macías, socio del bufete Cuatrecasas, y líder más duro del sector conservador, ideó la candidatura de Lucas aprovechando su talante centrista para mejor vendérsela al sector progresista como una candidatura de consenso.
No coló.
Los progresistas dentro del CGPJ y del TC supieron a su debido tiempo que la entrada de Lucas al TC venía cargada de compromisos con la derecha para frustrar la presidencia de Cándido Conde-Pumpido en el TC. Fue entonces cuando Macías propuso a María Luisa Segoviano, magistrada de la Sala Tercera del Supremo, con la seguridad de que los progresistas rechazarían la iniciativa y así se mantuviese el bloqueo en el TC.
Macías volvió a equivocarse. El sector progresista del CGPJ aceptó y con la incorporación de la magistrada Segoviano se consolidó la mayoría progresista en el TC. Y fue a propuesta, como se ha señalado, del estratega Macías. De modo que cuando Alberto Núñez Feijóo arrea contra el TC y Conde-Pumpido debería pedir explicaciones a Macías por la derrota napoleónica de diciembre-enero de 2022.
Pueden imaginarse ustedes lo que hubiera significado la incorporación del “juez del CNI” al TC con procedimientos del procés y resoluciones impugnadas pendientes ante el tribunal de garantías? Una bomba de efecto retardado ya que hubiera tenido todos los autos secretos de intervenciones telefónicas y quizá seguimientos en la memoria sin ver la necesidad de abstenerse. Eso en lenguaje bursátil se llama información privilegiada.
Porque parece evidente que Lucas no ha considerado abstenerse en el Supremo por su conocimiento “secreto” del contenido de las intervenciones telefónicas a los dirigentes independentistas.
“El “incidente” Lucas-Junqueras sugiere que el sistema de control de las actividades del CNI que pueden afectar a derechos fundamentales que consagra la Constitución debe ser reformado. Las escuchas han aflorado una situación que requiere mayores garantías. Es una tarea urgente”, señaló un magistrado consultado por El Periódico.
Pero, claro, antes la defensa de Junqueras tiene que obtener, la desclasificación de los autos secretos sobre los pinchazos al su teléfono, como se conseguido con los de Aragonès.