El juez, la fiscal, el asesinato del carácter de Mónica Oltra y los 'profesionales de la acción popular'
El juez Ríos arma las piezas del puzle que la acción particular y popular usó para forzar la salida de la vicepresidenta de la Generalitat, primer asalto al pacto del Botànic para recuperar el govern.
“La Justicia para mí se da en aquel orden social bajo cuya protección puede progresar la búsqueda de la verdad”
Hans Kelsen. ¿Qué es la Justicia?
El juez Vicente Ríos, titular del juzgado de instrucción número 15 de Valencia, ha hecho un esfuerzo loable en un auto de 96 páginas, extensión no muy frecuente al no tratarse de una sentencia, para armar el puzle del caso de Monica Oltra y otros 15 funcionarios de la Comunidad Valenciana, que forma su resolución, el pasado 1 de abril, de sobreseimiento provisional -como debe hacerse ya que siempre pueden surgir hechos nuevos- de la causa.
Vaya, el archivo de las actuaciones, como se suele decir en román paladino.
Ríos ha querido aflorar la verdad.
¿Qué verdad?
Si era cierto -como presentaron las acusaciones particular y popular -alimentadas por la derecha extrema- que la entonces vicepresidenta de la Comunidad Valenciana y responsable de la consejería de Igualdad y sus 15 colaboradores tejieron una red de maniobras institucionales para proteger a su exmarido, el educador Luis Ramírez Ricardi, perseguido entonces por presunto delito de abuso sexual de una menor, Maite Tanco, en un centro de menores privado pero dependiente de la Generalitat.
Las campanas doblaron por Monica Oltra el 9 de junio de 2022, cuando la fiscal superior del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana Teresa Gisbert (Valencia. 1957), elevó su informe en el que apreciaba una serie de delitos presuntamente cometidos por la vicepresidenta y su departamento tras el conocimiento de los hechos, y lanzaba el periplo hacia una misteriosa orden verbal que debía de haberse producido para disciplinar a esos quince funcionarios.
La fiscal, asociada a la Unión Progresista de Fiscales (UPF) -ha ascendido a fiscal de Sala de Menores en el Tribunal de Supremo, a propuesta el 7 de marzo de 2024 por el Fiscal General del Estado Álvaro García- apoyó pues la propia exposición razonada del juez Ríos, quien necesitaba citar a Oltra como imputada/investigada en sus diligencias previas a fin de tener una idea sobre el presunto encubrimiento. Y dado que se trataba de la vicepresidenta, es decir, de un cargo aforado, procesalmente debía intervenir el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
Gisbert conjeturó en su informe con que a lo largo de la exposición razonada del juez “se siguió en la Consellería de Igualdad, una idea directriz de ocultar los hechos y, cuando salieron a la luz, la finalidad de desacreditar
a la víctima y desvirtuar su testimonio, negando su credibilidad”.
La fiscal Gisbert precisaba: “Idea directriz que supuso, indiciariamente, una orden verbal de laHonorable Sra. Oltra, superior jerárquica de todos los funcionarios investigados y dirigida a los mismos en el sentido de que actuasen incoando una información paralela a la judicial con objeto de
desvirtuar la credibilidad de la menor. No de otra manera se explica el comportamiento de los mismos, ocultando y desacreditando. Supone un plan preestablecido. Esevidente que esta orden no fue escrita, dada su flagrante ilegalidad, sino verbal. Y fuerte indicio de que dicha orden fue emitida por la
aforada es que todos los que intervinieron en los hechos
mantuvieron la misma versión exculpatoria de la Consellería de igualdad”.
Y remachaba:
“Es imposible que funcionarios de tan diversa naturaleza y categoría,
desde técnicos en menores a psicólogos, jefes de servicio y
directores de centro y territoriales mantuvieran unánimemente la
misma versión de los hechos, lo que constituye un fuerte indicio del
sentido de dicha orden verbal que evidencia su carácter de
arbitraria e injusta, carente de toda justificación y apoyo en
Derecho”.
En su auto del 1 de abril, el juez Rìos hace un relato de su viaje por la investigación durante casi tres años y considera que las conjeturas no tenían base: no existe ninguna prueba sobre esa presunta orden con la que especulaba la fiscal Gisbert, ni sobre las presunta altamente sospechosa conducta que mantuvieron los funcionarios imputados durante las diligencias orientadas a descubrir la operación de cover up.
Cero patatero.
El juez trabaja sobre la exposición de las conjeturas que la acusación particular de la entonces menor, Maite Tanto, que sufrió los abusos sexuales (ya es sentencia firme del Supremo que los abusos existieron y su responsable, el ex marido de Oltra, que siempre negó los hechos, ya cumple pena de prisión) y las desmonta una por una.
Muchas de esas lucubraciones fueron hábilmente presentadas en la causa por la acusación popular de la activista de extrema derecha Cristina Seguí y la acusación particular de la menor.
La batalla fue encarnizada. Vox apostó estratégicamente por acabar con Oltra como un primer paso para recuperar para la derecha y la extrema derecha (PP y Vox) el gobierno de la Generalidad Valenciana desde junio de 2022. Cobrarse la cabeza de Oltra, el símbolo de la larga lucha para desalojar al PP de su gran feudo, sería el primer paso. El 28-M de 2023 fue la culminación.
Una vez conocido el informe de la fiscal Gisbert el 9 de junio de 2022 -imputaba a la vicepresidenta los delitos de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos.
Oltra, bajo presión de propios y ajenos, es decir, desde su propia coalición política y por parte del presidente de la Generalidad, Ximo Puig, secretario general del Partido Socialista valenciano, tuvo que a dimitir, a pesar de rechazar todas las conjeturas como falsas.
La consejera de Justicia del govern, la fiscal Gabriela Bravo, exportavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y pareja de Puig hizo, bastante antes, declaraciones más que insinuantes. Si hubiera una sentencia que comprometiera la credibilidad de la institución, apuntó el 22 de mayo de 2022, "me plantearía dejar el cargo”.
En sus declaraciones a la cadena COPE, Bravo ha comentado que hay "tres sentencias judiciales que no dejan bien parada a la administración en el caso de los abusos a una menor tutelada por la Generalitat". Y añadió; “hay que esperar a ver qué decide el TSJ respecto a la vicepresidenta Oltra”.
Preguntada sobre la posibilidad de que Oltra diera un paso al lado, la consellera ha comentado que cada uno "es dueño de sus decisiones, tiene su escala de valores, y debe tomar sus decisiones, pero yo ante una situación en la que se compromete la credibilidad de la institución a la que represento, me lo plantearía".
"Cada uno debe saber dónde llega la ética, que es muy importante en política. En ocasiones es importante desligar responsabilidad penal de la política y lo que puede afectar a la institución", dijo.
Viniendo de los labios de Bravo, que trabajó en la Fiscalía de Menores, entre 2002 y 2008, no era poca cosa.
El juez Ríos se ha resistido -con éxito- a ser instrumento del law fare o guerra judicial en la que se instrumentaliza con fines ilícitos o espúreos la acción de fiscales, jueces y tribunales.
Esa actividad comenzó con la instrumentalización de un caso que tenia todos los ingredientes para convertirse en una losa para Monica Oltra. Y esa actividad espúrea corrió a cargo de la acusación popular y particular. Ambas se complementaron para que hacer una inversión importante de publicidad, escritos y recursos para manipular y enmarañar la causa. Y les resultó rentable.
La acción popular es una institución importante en el ordenamiento jurídico español que se remonta al siglo XIX, provisionalmente en 1872 y más tarde en la ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882.
La idea era y puede ser defendida como progresista: ejercer la acción popular suponía entender el delito como una lesión social, cuya función sería evitar el riesgo de que delitos cometidos quedaran impunes en el caso que de que no se ejerciera la acusación de los fiscales, garantes de la legalidad.
Y no deja de serlo en principio.
Pero “los profesionales de la acción popular” han copado la escena. En la medida en que España se ha convertido en lo que hemos llamado un Estado Judicial virtual, el terreno en el que se desarrolla el ajuste de cuentas entre los partidos políticos, la acción popular ha conocido una metamorfosis. Una perversión.
Por eso, el caso Oltra tampoco es el único que se inserta en esa perversión que convierte la acción popular en instrumento del law fare o guerra sucia. El tsunami contra Oltra, con los ingredientes explosivos de carácter familiar, facilitó la operación finalmente desmontada por el juez Ríos. Pero la magistrada Vicky Rosell, por ejemplo, fue víctima con participación en el law fare de personajes de la judicatura y del Tribunal Supremo; o, en otro caso muy evidente, la operación para criminalizar al partido Podemos no pudo hacerse sin la prolongada la colaboración inestimable de la judicatura.
El anillo criminal del lawfare contra Monica Oltra no está colocado, porque no es su objeto, en el puzle: se trata de los intereses espúreos de naturaleza empresarial y de alta judicatura que han intervenido, intereses afectados por la política sanitaria de la vicepresidenta de la Generalitat valenciana.
Soltar el “lastre” de Monica Oltra fue la consigna de la presidencia de la Generalitat de Ximo Puig quiza con la ilusión de salvar los muebles. El 28-M de 2023 un año después de la dimisión de la vicepresidenta demostró que era una ilusión. Una ilusión perdida.
Al quitarse de encima a Oltra, Puig forzó también el propio código ético del PSOE. Según el punto 5.9, precisamente, se establece: “En caso de que a alguna de las personas en el procedimiento penal se dicte auto de apertura de juicio oral, deberá solicitar la baja voluntaria como afiliado/a y dimitir de su cargo”. ¿Dónde está ese auto de apertura de juicio oral? El juez Ríos, precisamente, lo ha abortado.
La law fare, damas y caballeros, no ha terminado. El crimen frustrado volverá a la escena inicial con los recursos que se van a presentar ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y que llevarán sus largos meses de tramitación.
Los magistrados deberán recordar el viejo aforismo anglosajón: Justicia retrasada, justicia denegada.