El fiscal general del Estado no dejará temporalmente sus funciones si el Supremo le investiga en el caso de la pareja de Ayuso
Entrega número 5 de la serie Del Estado De Derecho al Estado Judicial.
El rey Felipe VI aparecerá, el jueves 5 de septiembre, en el centro del Salón de Plenos del Tribunal Supremo franqueado a su derecha por el presidente o presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ, caso de que los veinte vocales reunidos el lunes 2 de septiembre procedan a su elección, y a izquierda del por el ministro de Justicia, Félix Bolaños. Junto a este se sentará el fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, a quien el rey dará la palabra primero para presentar la memoria anual sobre la actividad, la evolución de la criminalidad, prevención del delito y las reformas convenientes para una mayor eficacia de la justicia; en segundo lugar, la palabra será dada al presidente o presidenta del CGPJ para presentar su memoria sobre el funcionamiento de los tribunales, siempre en el caso de que el 2 de septiembre, según se ha señalado, tenga lugar la fumata blanca. Si así no fuera, tendría que intervenir el actual presidente del Supremo -que del CGPJ- en funciones, Francisco Marín.
Todo un fiasco. Y, vade retro, un plantón a su majestad el rey.
El último acto de apertura del año judicial con participación del presidente del CGPJ tuvo lugar en septiembre de 2022, cuando Carlos Lesmes, al borde de la dimisión, esperó todavía unas semanas más para tirar la toalla, lo que sucedió finalmente en octubre de 2022.
En 2023, comparecieron dos presidentes en funciones: el del Supremo, Francisco Marín, y el del CGPJ, Vicente Guilarte.
Y ahora, a seis días del acto, ningún observador del mundo judicial se atreve a vaticinar no ya quién será la presidenta o el presidente sino si habrá decisión sobre ello en el Pleno del CGPJ convocado para las 17:00 horas del próximo lunes, día 2 de septiembre.
“Será como el colegio cardenalicio. Nos tenemos que encerrar y no abandonar el Pleno hasta decidir”, dijo un vocal conservador a El Periódico de Catalunya este viernes 29 de agosto. “Todos somos conscientes de que no podemos hacer un ridículo tan grande. Pero a tres días del cónclave también te digo: no las tengo todas conmigo”, añadió.
La elección supondría centrar toda la atención del acto en la figura de la flamante personalidad de quien ocupará la presidencia -por la ley de paridad que entró en vigor el 22 de agosto, 60-40%, el Pleno debería elegir una mujer, ya que de lo contrario se serían 13 hombres y 8 mujeres- pero el sector conservador cuestiona esta forma de interpretar la ley de paridad y su aplicación al CGPJ.
“La paridad vale para los vocales. Y estamos cumpliendo con 12 vocales hombres y 8 vocales mujeres. Pero no es aplicable a la presidencia, porque quien la ejercerá no es vocal”, señaló la fuente consultada del sector conservador.
Si no hay presidenta o presidente del CGPJ todavía el jueves 5 de septiembre, el fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, es quien acapararía los cuchicheos y comentarios. Y no precisamente por el informe anual que habrá rendido.
No, claro que no.
El Fiscal General del Estado acude con una espada de Damocles literal sobre su cabeza cual es la próxima decisión que tiene en agenda la Sala Segunda, de lo Penal, del Tribunal Supremo, sobre si admite o no la exposición razonada del juez de la sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco José Goyena, según la cual se debe investigar a García Ortiz por el delito de revelación de secreto al ordenar la difusión de una nota informativa a su subordinada, la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, quien se lo desaconsejó, sin éxito, y que finalmente cursó al recibir la orden por escrito de García Ortíz (vía watsapp).
García Ortíz ha asumido finalmente la responsabilidad de salir al ruedo público para contrarrestar un correo electrónico reservado, filtrado a medios afines por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Rodríguez pretendía manipular una información sobre dos delitos fiscales cometidos -y confesados- por Alberto González Amador, pareja de la presidenta.
González Amador propuso en febrero de 2024 un pacto a la Fiscalía de Madrid sobre la base de admitir dos delitos fiscales y pagar hasta 500.000 euros para evitar la cárcel ( 4 meses por cada delito).
El jefe de gabinete de Díaz Ayuso, MAR, en cambio, presentó ese correo como prueba de que el pacto era iniciativa de la Fiscalía, usando precisamente un solo correo de la serie intercambiada por los asesores de González Amador y los fiscales.
El fiscal general del Estado, en efecto, participó con su acción en esta guerra político-judicial-mediática en la que, como le había recomendado la fiscal superior Lastra, la Fiscalía debía limitarse a desmentir la manipulación de Miguel Ángel Rodríguez, sin entrar en detalles del procedimiento por tratarse de una materia reseevada.
Son esos detalles los que, según el magistrado Goyena, en línea con la querella de presentada por González Amador, suponen una revelación de secreto en relación con unos hechos reservados.
Fuentes del Supremo han señalado a El Periódico de Catalunya que se aborda el asunto “sin prisas”.
La Sala Segunda tendrá que fijar posición ante la exposición razonada de Goyena: solicitar informe a la Fiscalía del Supremo (que ya pidió en el procedimiento del TSJM el archivo de las actuaciones, sin éxito) y nombrar un magistrado ponente.
Y a continuación debe adoptar un criterio: admitir o rechazar la exposición razonada. Si la admite habrá de nombrar un magistrado instructor, quien dirigirá la investigación.
Fuentes judiciales han señalado a este diario que Álvaro García Ortíz ya ha tomado una doble decisión. “Ni dimitirá a su cargo de FGE si es imputado por el Supremo ni se apartará, aunque sea temporalmente, de sus funciones de fiscal General del Estado durante la investigación en favor, por ejemplo, de la teniente fiscal, Ángeles Geli Sánchez Conde, la número dos de la FGE”, enfatizó una fuente judicial.
Es que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) no contempla que el FGE se aparte de sus funciones durante una investigación. “En efecto”, señala un fiscal a este diario, “no está en el Estatuto, pero parece muy difícil que no tenga que apartarse mientras se le investiga”.
Con todo, no es el único problema que aqueja a García Ortíz.
En próximas fechas, la sección cuarta de la Sala Tercera, que preside Pablo Lucas, el presidente en funciones de toda la Sala -y candidato a presidente del CGPJ propuesto por los 10 vocales conservadores- tendrá que resolver un recurso contencioso-administrativo contra el nombramiento de García Ortiz como fiscal General del Estado.
En otros dos recursos la sección cuarta anuló los nombramientos de Dolores Delgad como fiscal de sala togada militar “por desviación de poder” de García Ortíz, y también como fiscal de sala de Memoria Democrática -una resolución en la que la magistrada Pilar Teso, candidata a presidir el CGPJ por el sector progresista, discrepó y presentó voto particular.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha sido el epicentro de la investigación que ha empujado a García Ortiz hacia el banquillo del Supremo, pero no solo, porque también lo es para las querellas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de su esposa, Begoña Gómez, contra el juez Juan Carlos Peinado, que impulsa las diligencias sobre el presunto “tráfico de influencias en cadena” de la esposa del presidente.